El grito de "¡asesinos!" que el pasado jueves rompió el silencio durante el voto para extender el derecho a la eutanasia a los menores de edad se ha convertido en el símbolo de que la pretendida serenidad con la que, hasta ahora, Bélgica había abordado el delicado debate encerraba, en realidad, una profunda división social. Además, la toma de partido de la nada tibia comunidad médica ha contribuido a despertar conciencias en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia infantil sin límite de edad.
La controvertida ley dio sus primeros pasos sin demasiada halaraca en un país en el que la eutanasia existe ya desde hace más de diez años. Tanto las encuestas como los medios locales transmitían la imagen de una sociedad en la que la ley era ampliamente aceptada. En efecto, tres de cada cuatro belgas, según los sondeos, se mostraban partidarios de extender a los menores de edad un derecho bendecido por el legislador belga en 2002. Así, en virtud de la nueva extensión, tendrán derecho a la eutanasia todos los menores en fase terminal que padezcan "sufrimientos físicos insoportables y su muerte a corto plazo sea inevitable". El texto, pues, colocaba a Bélgica por delante incluso de Holanda, que ya reconocía este derecho, pero lo limitaba a la edad mínima de 12 años.
Pero la irrupción en escena de buena parte de la comunidad médica para pedir, en una carta enviada a los legisladores, que se pospusiera el voto ha cuestionado la pertinencia de un debate para el que, según un buen número de profesionales, "no había demanda social ni médica". Lo que comenzó siendo una cincuentena de pediatras se ha convertido en un grupo de más de doscientos profesionales (casi el 15 % de los que están en ejercicio) que reivindica la eficacia de los cuidados paliativos a la hora de aliviar el dolor físico, además de pedir un debate "más sereno" y reclamar que el voto se pospusiera. "Le puedo asegurar que en la situación dramática de la que habla la ley, muy rara, por cierto, los médicos hacemos de todo por evitar el sufrimiento", comenta entristecido a LD el doctor D.D. Mak, uno de los signatarios, que también alerta de otro de los principales escollos de una ley que exige al menor una "capacidad de discernimiento" de la que debe dar fe un psicólogo. "¡Y si no encuentran uno que lo acredite, se van a otro!", asegura el doctor, convencido de que el texto carece de rigor.
El médico ofrece también su lectura de la aprobación de una ley tan controvertida y, sobre todo, de su aparente aceptación social. "No es que los belgas estén a la vanguardia de nada –se queja del enfoque adoptado por algunos medios internacionales-, sino que sólo les importa su cartera y no se implican en ningún debate de ideas". Tras más de tres décadas ejerciendo la pediatría en Bélgica, el doctor exclama, pesimista: "A los belgas les dará igual, pero esto va a ser un espejo para el mundo".
Sin embargo, las movilizaciones que ha habido en el país en contra de la ley contradicen esa visión pesimista de la población belga. De hecho, la pasión con la que Eléonor Delwaide, del Instituto Europeo de Bioética, habla con este diario contradice dicha hipotética indolencia. "Queremos que sepan que no están solos", exclama en referencia a las familias con niños con enfermedades terminales. Se expresa de manera emotiva, pero defiende que los suyos son "argumentos apolíticos, aconfesionales y emitidos desde la razón".
Una ley con "autoridad moral"
Mientras que el padre de la ley, el socialista y médico de formación Philipe Mahoux, atribuyó a la ley una "naturaleza humanista", para Delwaide la ley es la puerta de numerosos peligros. Jurista y madre de cinco hijos, Eléonor pone en duda el clamor de los precursores de la ley de que el texto no obliga a nadie a acogerse al derecho, y señala que la ley siempre tiene "una autoridad moral" y se muestra convencida de que niños y jóvenes que ni se hubieran planteado la posibilidad de solicitar su propia muerte lo harán, "presionados por un entorno al que sienten que están haciendo sufrir". Ésa es la motivación, explica, que la llevó a organizar diversas manifestaciones en la capital con notable repercusión en los medios tanto belgas como internacionales.
La comisión de control: juez y parte
Una de las asociaciones cívicas que se han opuesto a la ley, los llamados Chalecos Amarillos, piden que antes de extender la ley del 2002 a los menores, se controle su aplicación en los adultos. Convencidos de que "el control de la eutanasia es deficiente", recuerdan que de los más de 6.000 casos declarados en Bélgica desde 2002, ningún caso ha llegado a la Justicia, a pesar de los numerosos escándalos que han llenado las portadas de los periódicos (alguno de los más sonados, en de un transexual que, horrorizado por su propio cuerpo, se acogió al derecho a morir, o incluso el caso de un enfermo de anorexia y depresión). Además, según denuncian, cuatro de los seis miembros de la comisión de control de la ley pertenece a la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, lo que convierte el órgano de control, que requiere una mayoría de dos tercios para enviar a un médico ante los jueces, en un "coladero de todo tipo de abusos". Además, la comisión, para dictaminar si la eutanasia se ha llevado a cabo de forma legal, se basa en las declaraciones del propio médico bajo sospecha, lo que restaría –denuncian- independencia a la decisión.
En realidad, opinan desde el Instituto Europeo de Bioética, la ley de 2002 ya tiene suficientes lagunas y, en opinión de sus críticos, en lugar de solventarlas, con esta extensión las han agrandado. "Es como un coche que se dirige contra un muro y en vez de frenar, decida acelerar", lamenta Eléonor Delwaide.
La batalla melancólica
Para los detractores de la ley, el voto de esta semana ha sido un golpe, pero no el final de la batalla. Sitúan ahora su objetivo en una petición para la que están recogiendo firmas en todos los continentes para evitar que el Rey Felipe firme la ley, algo que, en principio, sólo debería ser un mero trámite, pero que, de forma simbólica, resucita la memoria de su tío, el Rey Bladuino que, en un acto heroico para muchos, se negó a firmal en 1990 la legalizaciónn del aborto. Los signatarios de la petición le recuerdan al Rey de los belgas que esta ley "es única y sirve como señal a otros países", una de las pocas afirmaciones que se repiten en todos los espectros ideológicos de este debate.