Preocupada por el portazo de Suiza a los trabajadores comunitarios, la Comisión Europea está dispuesta a presionar al país alpino donde más duele en un intento de que entre en razón y que respete la sacrosanta libre circulación, pilar y emblema de la integración europea.
Por eso, según ha confirmado un portavoz comunitario, Bruselas ya ha puesto sobre la mesa su respuesta a la decisión de Suiza de limitar la inmigración mediante cuotas y, en concreto, la de no hacer extensivo el libre acceso al mercado laboral suizo a los croatas, europeos de nuevo cuño con los que el país helvético ha estrenado el mandato que le dieron los ciudadanos (algo más de la mitad de ellos) en un referéndum.
Así, la Unión Europea ha suspendido las negociaciones con Suiza sobre su participación en el exitoso programa de intercambio de estudiantes Erasmus+. También el programa de I+D Horizonte 2020, de vital importancia para los intereses helvéticos –está dotado con 80.000 millones de euros-, ha quedado en suspenso. Según ha explicado este lunes Dennis Abbot, portavoz de la Comisaria de Cultura, la financiación de los tres mil estudiantes suizos que están cursando 2013-14 en algún Estado miembro está a salvo, pero si Suiza no da su brazo a torcer, los aspirantes del curso que viene podrían quedarse en casa.
"Dadas las circunstancias del referéndum y en ausencia de una señal política clara, hemos aplazado las reuniones", confirman desde el Ejecutivo comunitario, abundando en la idea del "estrecho vínculo" que existe entre las relaciones UE-Suiza (y todos los acuerdos que las unen) con la obediencia y respeto del privilegiado vecino al principio de libre circulación.
Desde Bruselas, esperan que estas represalias hagan recular al Gobierno suizo sobre un derecho que, reiteran a diario los líderes europeos, "no es negociable".
Las represalias, de momento, han tocado a los acuerdos de suministro eléctrico y a programas de educación e innovación, pero la cosa podría llegar más lejos si Bruselas no ve señales por parte de Suiza de, por lo pronto, firmar un protocolo para permitir a los croatas (europeos desde julio de 2013) instalarse con libertad dentro de sus fronteras.
Las consecuencias, ya anunciadas por el Ejecutivo comunitario, de unas decisiones que contravienen los valores fundamentales de la UE podrían extenderse al resto de acuerdos entre vecinos (casi un centenar de ellos), y de los que Suiza se beneficia para tener un acceso privilegiado al mercado único europeo.