Quieren destruir los valores y el modo de vida occidental, pretenden convertir a Europa es un continente islamizado y aspiran a que la sharia sea la única ley. Ése es el objetivo de los terroristas yihadistas que están atentando en Europa o que son detenidos por las Fuerzas de Seguridad antes de poder traslador el terror a la sociedad. Y lo más llamativo es que para ello utilizan las debilidades de los Estados de bienestar que les acogen.
De España a Dinamarca, o de Austria al Reino Unido, muchos son los casos de terroristas islamistas que se financian el día a día mientras preparan atentados gracias a los programas de ayudas sociales de sus municipios, gobiernos regionales o, incluso, de administraciones del Estado. Un fenómeno que se repite en muchos rincones de Europa.
Algunos de los datos españoles ya son conocidos. El miércoles de la pasada semana era detenido en Vitoria el marroquí Saib Lachhab, un yihadista de 41 años que había estado combatiendo en Siria y que, según se desprende del auto de ingreso en prisión emitido por la Audiencia Nacional, vivía de las ayudas públicas. Exactamente, estaba cobrando 625 euros de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del Gobierno vasco y 250 euros más como complemento de vivienda.
Hay otros cuatro casos similares con detenidos en la comunidad vasca. Samir Mahdjoub es un argelino de 44 años arrestado por la Guardia Civil en Bilbao el pasado 14 de febrero, un día antes que Saib Lachhab. Está acusado de autoadoctrinamiento, enaltecimeitno del terrorismo, captación y difusión de propaganda de Estado Islámico. Estaba cobrando 650 euros de RGI vasca y un complemento de 250 euros de ayuda al alquiler.
Llamativo es el caso de Redouan Bensbih. Este marroquí de 26 años murió en Siria en marzo de 2014 combatiendo mientras percibía 836 euros de la RGI vasca. Para colmo, como no hubo notificación oficial del fallecimiento el Servicio vasco de Empleo (Lanbide) siguió ingresando el subsidio en su cuenta bancaria después de muerto. El Gobierno vasco, en una polémica que llegó al Parlamento regional, investiga quién se benefició de ese dinero tras el fallecimiento.
Ahmed Bourguerba, argelino residente en Bilbao, fue detenido por la Ertzaintza en julio de 2015. Estaba cobrando 625 euros mas otros 250 euros complementarios para el alquiler de una vivienda. Ha sido condenado hace poco a tres años y medio de cárcel y no dejó de cobrar las ayudas mientras estaba en prisión provisional, sólo cuando ya hubo sentencia condenatoria. Caso similar es el de Mehdi Kacem, detenido por la Policía Nacional en San Sebastián y que cobraba 800 euros de RGI.
Otros países europeos
En el Reino Unido también se han destinado ayudas sociales para favorecer inconscientemente al terrorismo yihadista. Parte del dinero era transferido a combatientes en Siria e Irak mientras que otra parte era utilizado para hacer proselitismo islamista en las islas británicas. La primera voz de alarma sobre este fenómeno lo dio la actual primera ministra, Theresa May, en una rueda de prensa cuando todavía era ministra del Interior del Gobierno de David Cameron.
En Austria la Policía se ha encontrado con este fenómeno en al menos dos casos que se hayan hecho públicos. La primera fue en una operación policial en agosto de 2014 y la otra en una operación en noviembre del mismo año. En total fueron arrestados 22 yihadistas (9 en la primera, 13 en la segunda) que se trasladaban a Siria para hacer la yihad. Habían financiado el viaje gracias a las ayudas sociales que cobraban la gran mayoría de ellos.
En Alemania creen que aproximadamente el 20 por ciento de los 450 yihadistas que han ido a luchar junto a Estado Islámico o Jabhat Fateh al-Sham (antiguo Frente Al Nusra) a Siria e Irak han estado cobrando ayudas públicas de diferentes gobiernos. Este estudio fue publicado en 2014 con grandes titulares en el diario Bild, por lo que es posible que en la actualidad la cifra de yihadistas que las han recibido sea muy superior.
En Dinamarca, los yihadistas también se han beneficiado de ayudas sociales. La primera voz de alarma la dio el diario BT con datos faciliados por el Servicio de Inteligencia y Seguridad (PET, por sus siglas en danés). En ese momento, noviembre de 2014, tenían controlado que de los 115 daneses que habían viajado a Siria o Irak a hacer la yihad al menos 28 habían recibido prestaciones antes del viaje o, incluso, las habían seguido cobrando durante su estancia en estos países.
En marzo de 2015 la cadena danesa TV2 Denmark emitió un reportaje denunciando que la cifra hecha pública meses antes tras una filtración del PET había aumentado al menos hasta los 32 yihadistas. El montante económico cuantificado tras cruzarse datos entre el PET y el Ministerio de Trabajo dio como resultado que los yihadistas habían recibido ayudas por valor de 378.999 coronas, unos 51.000 euros.
También los asesinos de París y Bruselas
Uno de los casos más llamativos es el de los yihadistas que cometieron los atentados terroristas en París (Francia) y Bruselas (Bélgica) en noviembre de 2015. Según informaciones publicadas por The Wall Street Journal, cinco de los terroristas que participaron en los mismos había estado recibiendo subsídios públicos de diferentes administraciones locales belgas, cuyas cuantías totales habrían sido superiores a los 51.000 euros.
La cifra supera el presupuesto aproximado que según los investigadores necesitaron para cometer los atentados terroristas y que habría ascendido a una cuantía de unos 30.000 euros para el de París y de unos 3.000 euros para el de Bruselas. De hecho, solo Salah Abdeslam habría recibido de las cuentas públicas belgas una partida de unos 21.000 euros, según los datos que publicaba el diario estadounidense.
El entonces director del Servicio de Inteligencia Financiera belga llegó a reconocer que si bien no había una evidencia directa de que los terroristas utlizaran el dinero que les facilitaron los servicios sociales para cometer los atentos terroristas, si era evidente que "los subsidios sociales les dieron recursos para la subsistencia y se convirtieron en un apoyo indirecto de sus actividades terroristas".
Lo sucedido en Bélgica no era una excepción. Varios periódicos del grupo local Sudpresse publicaron hace año y medio que los servicios estatales habían comprobado cómo hasta 215 yihadistas belgas habían recibido las denominadas Rentas de Integración Social (RIS) mientras estaban combatiendo dentro de Estado Islámico o el antiguo Frente Al Nusra en los campos de batalla de Irak y Siria.
En Suecia, uno de los países con mayor número de yihadistas combatiendo en zonas de conflicto si se realiza un ratio por habitantes, se ha puesto en marcha una más que dudosa política para acabar con el problema de los retornados, es decir, aquellos islamistas que tras combatir en Siria, Irak o el Sahel africano regresan a sus países perfectamente formados en tácticas terroristas y suponen una seria amenaza para el país receptor.
Según informaba Sveriges Radio, las autoridades de la ciudad de Lund se han comprometido a facilitar una casa y prestaciones sociales a aquellos combatientes que dejan las filas de Estado Islámico y regresen al país escandinavo. La medida, bastante polémica y sobre la que no se han hecho público datos relevantes, está siendo estudiada para ser implantada en otras localidades suecas como Malmö, Borlange o Örebro, según añade el diario británico The Independent.