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Correa mantiene el veto a medios "indecentes" y "mercantilistas"

El presidente de Ecuador ha ratificado el veto a que sus ministros hagan declaraciones a medios "indecentes" y "mercantilistas".

El presidente de Ecuador ha ratificado el veto a que sus ministros hagan declaraciones a medios "indecentes" y "mercantilistas".

Estas declaraciones de Rafael Correa llegaron después de que un tribunal rechazara levantar esta prohibición a solicitud de la ONG Fundamedios. Para el juez Raúl Reinoso, no se trata de una "política pública", sino "una alocución que el Señor Presidente Constitucional de la República ha implementado en su Gobierno".

A su vez, Correa ha argumentado que esto no supone una violación de la libertad de información, puesto que los medios que él considera adecuados –es decir ninguno de los que se atreven a criticar sus políticas– sí podrán acceder a los ministros: "Vamos a informarle al pueblo ecuatoriano, vamos a acudir a entrevistas en los medios decentes. Pero en los medios indecentes, que sacan todo de contexto y que manipulan, ni a la esquina".

Los medios en cuestión, habitualmente descritos por Correa como "medios mercantilistas nacionales propiedad de media docena de familias", son El Universo, El Comercio, La Hora, Expreso y Hoy, y también las cadenas ecuatorianas Ecuavisa y Teleamazonas.

Correa cree que algunos medios de comunicación de su país y de la región "abusan de su poder mediático", por lo que remarcó: "No le vamos a dar más negocio y más poder" a esas empresas. Además, calificó como una "cantinflada jurídica" el recurso presentado por Fundamedios, al que acusa de defender intereses de grupos poderosos nacionales y extranjeros. La ONG ya ha anunciado que apelará la decisión judicial.

Para el diario El Comercio, de esta manera, "la restricción de que las altas autoridades den información a los medios privados de comunicación quedó en firme. Es decir, que la prensa privada no podrá obtener información de las autoridades que la manejan", mientras que Hoy tituló que "la justicia avala el silencio oficial".

En declaraciones a la prensa ecuatoriana, Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito y que asesoró a la ONG demandante, dijo que se trataba de un "mamotreto jurídico insólito" y que "cualquier persona tiene derecho a ser informada por sus autoridades por el medio que elija, sea público y privado".

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