El indulto humanitario para el expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, es un tema que viene de lejos. Ya en las últimas semanas del gobierno de Alan García, en el mes de julio de 2011, se especuló que éste le otorgara este beneficio como un último favor al fujimorismo. Sin embargo, este extremo no se dio.
Durante la gestión de Ollanta Humala también se ha mencionado dicha posibilidad varias veces pero la familia nunca terminó por extender oficialmente la solicitud, para muchos por miedo de que sea finalmente rechazada. Incluso alguno de los más férreos miembros del fujimorismo, como la legisladora Martha Chávez, señalaron que nunca pedirían el indulto porque sería admitir los cargos por los que fue condenado.
Esta misma semana, Humala criticó a la familia de Fujimori por sus diferentes opiniones acerca de un eventual pedido de indulto humanitario. Recordó que "para que un gobierno tome la decisión de indultar a una persona tiene que haber una gestión de la persona interesada o de familiares cercanos" y agregó que "espero que no sea un tema de cálculo político". Esto provocó el enfado del hijo de Fujimori y actual congresista Kenji Fujimori. En su opinión, estas palabras eran humillantes para la familia.
Ahora la familia ha decidido dar un paso hacia adelante y Keiko Fujimori, hija del expresidente y excandidata del fujimorismo en las elecciones de 2011, dijo que "por pedido de todos sus hijos, y por el pedido de muchísimas personas, incluso escuchando voces de personas que van más allá del fujimorismo, se ha tomado la decisión que en los próximos días se presentará el pedido de indulto por razones humanitarias para mi padre, Alberto Fujimori".
Además, ha subrayado que "Alberto Fujimori tiene 74 años de edad, es un paciente con cáncer de alto riesgo y ha tenido cinco operaciones" por lo que esperan un cambio de actitud del gobierno y que el pedido se vea por razones humanitarias y no políticas: "Las normas dicen que un indulto humanitario es para personas con enfermedades en estado terminal, que no es el caso de mi padre, y para personas en estado grave cuya reclusión agrave la enfermedad, que es el caso de Alberto Fujimori".
¿Es posible el indulto?
Esta solicitud de indulto tendrá que pasar por una serie de procesos, entre ellos, el médico, para así certificar la verdadera situación de Fujimori. En cuanto a lo legal, será Humala y sus asesores los que tendrán que decidir si el indulto procede. Sin embargo, curiosamente es una ley promulgada durante el gobierno de Fujimori lo que podría impedir aceptar la solicitud.
El 13 de julio de 1995, se aprobó la Ley N° 26478, firmada por el entonces presidente Fujimori, en la que se señala: "Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado previsto en el último párrafo del artículo 152 del Código Penal". El problema es que una de sus condenas es justamente por "secuestro agravado". La sentencia contra Fujimori que lo condenó a 25 años de prisión indica claramente que "es de considerar como factor más relevante de eficacia agravante la extensión del daño causado y que registra una pluralidad de víctimas de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado".
En una entrevista del pasado mes de julio del diario El Comercio a Avelino Guillén, ex fiscal adjunto del caso, éste señala que "el señor Fujimori fue condenado por dos tipos penales. (...) Se trata de asesinato y lesiones graves y secuestro agravado". Este viernes, tras conocer que la familia pedirá el indulto, Guillén recordó que Fujimori "no ha pagado los 27 millones de nuevos soles (unos 8 millones de euros) de reparación civil" y consideró que "debe pedir perdón por los delitos cometidos. Nadie debería morir en la cárcel, pero el perdón es una medida básica de reconciliación en el país". Al final apuntó que "hay miles de presos con depresión o con alguna dolencia y por eso no van a recibir indulto".
Según la justicia peruana, Fujimori fue el "autor mediato" del asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, en un barrio popular de Lima, así como de nueve estudiantes universitarios y un profesor, todos ellos acusados de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.