Aunque podría tratarse de apenas un gesto simbólico más que efectivo, en especial por el nuevo recurso judicial presentado ante la Justicia, el Gobierno de Cristina Fernández ha notificado ya al Grupo Clarín el inicio del cumplimiento de la polémica Ley de Medios que muchos ven y llaman la ley "anti-Clarín"
El encargado de dar este paso ha sido Martín Sabbatella, responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Éste ha acudido a la sede del conglomerado mediático para realizar "la notificación del inicio de transferencia de oficio", a lo que, en principio, le seguirán la tasación, la selección de licencias y bienes afectados, su salida a concurso, la adjudicación a otras empresas y, por último, el traspaso. Clarín había logrado postergar este momento gracias a acciones judiciales y el Gobierno se ha aprovechado del pronunciamiento del juez federal Horacio Alfonso, quien el pasado viernes señaló la constitucionalidad de esta norma.
El principal problema de la ley radica en los artículos 45 y 61, que limitan el número de licencias que puede tener cada conglomerado de comunicación. Por eso, ahora el Grupo Clarín tendrá que traspasar parte de sus empresas. Pero claro, hasta que esto ocurra, según opinión de Sabbatella, "deberá hacerse cargo del servicio, cuidarlo, mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes".
Sin embargo, Clarín no se ha quedado de brazos cruzados y este mismo lunes ha apelado la decisión del juez a las 7.57 de la mañana ante él mismo. Aunque parezca totalmente descabellado, ahora es justamente Horacio Alfonso el que tendrá que determinar en un plazo de tres días si permite o no llevar el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
En un comunicado publicado en su edición de este lunes, Clarín señala que la visita de Sabbatella es "totalmente improcedente e ilegal, ya que vulnera abiertamente varias decisiones de la Justicia" y por eso, acusa al Gobierno de "desobedecer abiertamente decisiones judiciales y no respetar la propia letra de la ley". Además, el abogado del grupo, Damián Cassino, dijo que la sentencia de Horacio Alfonso "tiene firmeza luego de transcurrido los cinco días" y agregó que "en el peor de los casos" si no se extiende la cautelar "empieza a correr un año" de plazo para adecuarse a la Ley de Medios.