El pasado fin de semana se conoció la firma de un "memorándum de entendimiento" entre Argentina e Irán para crear una comisión de investigación para esclarecer el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte a 85 personas.
El 25 de octubre de 2006, la Justicia argentina señaló a Irán por la planificación del atentado y al grupo terrorista Hezbolá por su ejecución. Incluso el 25 de septiembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner acusó a Irán ante las Naciones Unidas de no colaborar con la investigación.
Tras el acuerdo, la reacción oficialista no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter, la presidenta argentina, Cristina Fernández, calificó el acuerdo de "histórico". Por su parte, el canciller argentino Héctor Timerman dijo que "nos vamos todos con la satisfacción de buscar justicia. Este es un paso más hacia la memoria, verdad y justicia". Además, rechazó las críticas de la oposición pues "no hay una cesión de soberanía" ya que se está "actuando en base a lo dictado por la Corte Suprema".
Uno de los grupos opositores más críticos ha sido Acción Política por la Unidad (Gapu). En declaraciones publicadas en el diario argentino La Voz, sus representantes recordaron que "la justicia argentina ya llegó a la verdad a través de una investigación exhaustiva y difícil que llevó a condenar a altos funcionarios de la República Iraní". En esa causa, dijeron, "se determinó el carácter terrorista del Estado islamista de Irán en relación al atentado a la sede de la Amia" por lo que incluirlo en la investigación es "colocar al victimario en el rol de investigador de su propio delito". Ricardo Gil Lavedra, presidente de bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), dijo que el "acuerdo con Irán es una vergüenza".
Sin embargo, las críticas no sólo vienen de Argentina sino también desde el propio Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Yigal Palmor, acusó al gobierno de Cristina Fernández de "implicar al presunto culpable en la investigación" y señaló que Argentina puede haber caído en una "trampa". Además, apuntó que "implicar al presunto culpable en la investigación luego de haber llegado a conclusiones que llevaron a emitir el alerta roja por parte de Interpol no tiene precedentes" y añadió que "nosotros ya habíamos advertido a los argentinos en el pasado de que los contactos con los iraníes podrían desembocar en una trampa o manipulación iraní". Por su parte, Danny Ayalon, viceministro del mismo ministerio, dijo que el acuerdo es como "invitar a un asesino para que investigue los asesinatos que cometió".
A través de una nota oficial, Argentina rechazó de manera "enérgica" la solicitud de explicaciones por parte de Israel ya que "el atentado (...) no involucró a ningún ciudadano israelí. Las víctimas fueron en su gran mayoría ciudadanos argentinos e incluyen a seis ciudadanos bolivianos, dos polacos y un chileno". Por eso cree que "dicha citación para reclamar explicaciones sobre decisiones soberanas de la República Argentina es un acto impropio que se rechaza en forma enérgica y que va en contra de las tradicionales relaciones de amistad que existen entre ambas naciones".
Para los familiares de las víctimas "la única oferta aceptable de cooperación iraní es la entrega de los acusados por el ataque" ya que los imputados en todo momento "han agraviado públicamente a las instituciones con calificativos inaceptables". Además, "en una clara y arrogante burla a la justicia argentina, han premiado a algunos de los acusados con importantes cargos en el gobierno iraní".
Por su parte, el escritor argentino Marcos Aguinis opinó en una columna en el diario La Nación titulada "Una vergonzosa rendición argentina" que "los criminales que planearon, financiaron y pusieron en marcha esas acciones acaban de obtener un triunfo resonante" ya que "Irán no ha decidido colaborar con la Argentina, sino que la Argentina se ha convertido en un lastimoso salvavidas de Irán". Para Aguinis, lo que ha ocurrido es que "los asesinos han triunfado. Nuestro gobierno ha preferido bajar la cabeza e ignorar las impúdicas jugadas de la diplomacia iraní".
El primero de los nueve puntos del documento establece la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de Argentina y la República Islámica de Irán.