A siete años de la muerte de Augusto Pinochet, cuyo aniversario se celebra este 10 de diciembre, la justicia chilena aceptó la petición de la familia del dictador de levantar parcialmente el embargo a sus cuentas bancarias con un objetivo claro: que el Banco de Chile liquide los más de 2,6 millones de dólares (poco más de 1,9 millones de euros) que adeuda por las 23 propiedades que posee en Chile. Siete de las propiedades en cuestión están ubicadas en la localidad de Iquique, al norte del país, otras diez en la región de Valparaíso y seis más en la capital Santiago, en los exclusivos barrios de Vitacura y Lo Barnechea.
Este embargo existe por la acusación de malversación de fondos públicos que pesa sobre Pinochet en el proceso más conocido como caso Riggs abierto en el año 2004 por las cuentas secretas que el dictador poseía en la entidad financiera estadounidense Riggs Bank. Las investigaciones demostraron que el chileno era el titular de varias cuentas –se llegaron a contar hasta 125– con un total de 21 millones de dólares.
El pasado mes de agosto, el juez designado decidió cerrar el caso y no procesar a ningún miembro de la familia Pinochet, pese a que habían sido vinculados en 23 procesos la viuda Lucía Hiriart y sus hijos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado apeló ante la Corte para pedir la reapertura de la causa. Sí fueron procesados algunos militares que colaboraron durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y que se enfrentan a penas de entre cinco y diez años de cárcel. Uno de ellos por abrir la primera cuenta en el banco Riggs bajo el nombre de "John Long" y otros por malversación de caudales y estafa, y también por transferencia de dinero y cobro de cheques.