Como era de esperar y después de tres jornadas maratónicas, la juez 16 de Control de Caracas, Adriana López, apoyó todas las posiciones de la Fiscalía en su acusación por cuatro delitos contra el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde el 18 de febrero en una cárcel militar. La decisión se tomó sobre las 3 de la madrugada en la capital venezolana, una manera según muchos de evitar reacciones de estudiantes y opositores en las calles de Caracas.
De esta manera, López será llevado a juicio por delitos como daños, incendio, asociación e instigación para delinquir, por los que podría ser condenado a hasta diez años de cárcel. Además, la magistrada no le autorizó a salir en libertad a la espera de la celebración del juicio, por lo que permanecerá recluido en el penal militar de Ramo Verde. De nada sirvieron los argumentos de sus abogados de que en su caso no hay riesgo de fuga y defendiendo el derecho de los políticos a hacer críticas a las autoridades.
Según el diario El Universal, ninguno de los puntos planteados por la defensa valió para rebajar las acusaciones: "Ni siquiera el hecho de que la defensa esgrimiera ocho fallos que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado en estos 15 años, defendiendo el derecho de los políticos a realizar críticas, por más duras y altisonantes". Incluso se presentó como antecedente un fallo de la Sala Constitucional de 2003, en la que apunta que "dentro de un Estado democrático, entre cuyos valores se encuentra la libertad, la ética y el pluralismo político, el hecho político debe tenerse en cuenta al medir el acto abusivo del derecho a la libre expresión, ya que, de no ser así, quienes intervienen en la lucha política se convertirán en unos eunucos, ya que no podrían exponer a sus seguidores, o a quienes pretendan los acompañen, sus ideas y fines".
Una de las que primero reaccionó a esta decisión judicial fue su esposa Lilian Tintori a través de su cuenta de Twitter. Ahí señaló que "nuevamente no se hizo justicia. Es lamentable que el Gobierno corrompa tan descaradamente la moral de sus funcionarios para encubrir la verdad" y agregó que "la Juez Adriana López no podrá dormir, no podrá ver a los ojos a sus hijos. Nadie podría hacerlo sin tener su conciencia limpia".
A través del mismo medio, Henrique Capriles señaló que "lo de nuestros compañeros fue un parapeto, hacer creer que oían alegatos, etc. No son jueces, son andaderos del Gobierno con su justicia podrida". Por eso pidió que " la injusticia nos dé más fuerzas para unirnos todos y seguir luchando por ese cambio que merece nuestra maltratada patria" y se mostró seguro que "los verdugos del presente no serán los perseguidos del futuro, Dios se encargará de ellos".
En cuanto a los estudiantes también detenidos, la Fiscalía precisó que "se ordenó el enjuiciamiento de Marco Coello y Christian Holdack por presuntamente ser autores en los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento (asociación ilícita); mientras que Ángel González y Damian Martín fueron acusados por instigación para delinquir". A dos de ellos, Coello y Holdack, se les ratificó la privativa de libertad mientras para que los otros dos deberán seguir presentándose cada ocho días ante la instancia judicial.