Mientras se celebra el último ciclo de diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano en La Habana, los terroristas han anunciado que iniciarán antes de fin de año un alto el fuego unilateral por tiempo indefinido, pero aprovechan para poner sus condiciones.
En un comunicado leído ante la prensa al concluir la ronda 31 de sus negociaciones con el Gobierno en la capital cubana, su jefe negociador Iván Márquez (alias de Luciano Marín Arango) señaló que este paso "se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública".
El expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, no se mostró optimista con el anuncio y señaló a través de su cuenta de Twitter que se trata de "un chantaje para que no los ataquen y fortalecerse". Para él las FARC "quieren que las Fuerzas Armadas estén quietas para fortalecerse o responsabilizarlas de la continuidad de la violencia".
En declaraciones publicadas por el diario El Tiempo, Ariel Ávila, coordinador del Observatorio Fun Paz y Reconciliación, señaló que el Gobierno tendrá que coordinar los pasos para verificar el cumplimiento de este cesa el fuego. El experto agregó que "no deberá haber emboscadas ni golpes de mano. En general, no deberá haber acciones ofensivas por parte de las FARC, pero las acciones de defensa frente a un eventual ataque del Ejército podrían continuar".
Por su parte, Fernando Giraldo, doctor en Ciencia Política de La Sorbona, cree que la condición impuesta por los terroristas no es casualidad: "En este cese ponen como condición unos veedores para certificar su cumplimiento y dejan claro que se romperá si hay un ataque de las Fuerzas Militares. Es decir, le pasan la responsabilidad al Estado sobre lo que pueda pasar".