Cuatro meses y un día después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el fiscal general, Jesús Murillo, y el director de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las conclusiones del caso.
Pese a que solo uno de los restos encontrados en el basurero ha sido identificado, el de Alexander Mora, Murillo explicó que las pruebas científicas y periciales dan sustento a los testimonios de los autores materiales detenidos. Entre ellos el de Felipe Rodríguez, alias el Cepillo, el último detenido, quien dirigió la operación de asesinato e incineración de los 43 jóvenes, ordenando quemar todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles.
El fiscal confirmó así que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, "ha quedado acreditado" de un modo "contundente" que los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales miembros del cártel de Guerreros Unidos.
Aunque "cerrar el caso no es la palabra adecuada", dijo, "los elementos de la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron", dijo Murillo, quien insistió en que hay muchos más indicios concluyentes "que en otros muchos casos". "Hay cuatro confesiones de autores materiales", "confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes" y, además, han sido identificados "plenamente" cuatro de los estudiantes.
Uno por un laboratorio de Austria que ha analizado algunos de los restos encontrados y los otros tres porque los asesinos los ubicaron en el lugar de los hechos, citando sus apodos, ya que fueron interrogados antes de matarlos al pensar que podían ser infiltrados del cártel rival de Los Rojos. "En ninguno de los casos de los estudiantes hemos podido determinar si son parte de algún grupo delictivo", explicó el fiscal, quien dijo además que "la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían deseos de ser maestros y de estudiar" y son "las víctimas más dolorosas de este proceso". Murillo aseguró que los estudiantes "fueron muertos en las circunstancias descritas" por los detenidos, unos por asfixia en la camioneta antes de llegar al basurero -entre 15 y 18- y los otros a tiros, cuyos casquillos fueron encontrados en el terreno.
Las pruebas periciales, aseguró el fiscal, han confirmado que los jóvenes fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados, gracias a la combustión de neumáticos y a la orografía del terreno, que alcanza los 40 metros de profundidad. Esta perfecta combustión de más de 12 horas en un lugar que se asemejaba a un horno hizo que la mayoría de los miles de restos que se encontraron en bolsas junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer material genético para su identificación. De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria "porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados".
Murillo explicó que el caso tampoco está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de detención pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerada una de las piezas "fundamentales" de lo ocurrido.
En total, hay 99 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y operadores de Guerreros Unidos. Según los testigos, Abarca ordenó la noche del 26 de septiembre pasado atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa. En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a miembros de Guerreros Unidos.