A finales del año pasado, los terroristas de las FARC anunciaron un alto el fuego unilateral y aprovecharon para chantajear al Gobierno de Juan Manuel Santos advirtiendo que dejarían la medida en caso de que sus diferentes estructuras terroristas fueran atacadas por el ejército colombiano. Esto generó en su momento varias críticas como las del expresidente Álvaro Uribe quien señaló que se trataba de "un chantaje para que no los ataquen y fortalecerse".
El propio Santos dijo ese mismo día –20 de diciembre de 2014– que su Gobierno no renunciará a su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y aclaró que "ni el presidente ni ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede dejar de cumplir la Constitución ni las leyes de Colombia", entre las que se encuentran "la obligación de defender la seguridad y las libertades" en cada rincón del país.
Pues bien, parece que la situación ha cambiado ahora. Este miércoles, Santos ordenó a las Fuerzas Militares la suspensión de bombardeos durante un mes contra los campamentos de las FARC en respuesta justamente al alto el fuego unilateral del 20 de diciembre. Según él, dio la orden "para impulsar el desescalamiento del conflicto". Aclaró que en este mes se hará una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC. Sólo matizó que esta suspensión temporal no significa que no puedan ocurrir enfrentamientos con las FARC durante operaciones de patrullaje y de control militar.
Duras críticas contra la medida
Como era de esperar, este anuncio recibió una serie de críticas. El congresista Álvaro Hernán Prada, del partido Centro Democrático, pidió a Santos a través de su cuenta de Twitter que "salga del closet con el uniforme de las FARC" porque "le está entregando el país a los terroristas" y aclaró que "tenemos una obligación todos los colombianos y es oponernos a que continúe el presidente y el Gobierno Santos en el propósito de entregarle este país al terrorismo".
Por su parte, Álvaro Uribe dijo que "la suspensión de bombardeos contra las FARC es darle paso a la narcoguerrilla para que siga delinquiendo e intimidando" mientras que Harold Bedoya, excomandante del Ejército colombiano, declaró que "el poder real que tenemos en este momento es la guerra aérea, si la anulamos estamos acabando con las fuerzas militares, la Fuerza Aérea no tendría oficio, el Ejército tampoco".
En declaraciones a Libertad Digital, la abogada Tanía Rodríguez, docente de la Universidad Santo Tomas y doctora en Paz y Conflictos, señaló que resulta "inconstitucional ordenar la suspensión de bombardeos, toda vez que la Constitución Política de Colombia obliga al Presidente a proteger la vida de los colombianos y mantener la seguridad en todo el territorio nacional". Agregó que "es igualmente inconstitucional dar una contraorden a las Fuerzas Militares cuando estas también les obliga la Constitución a salvaguardar la soberanía y la Seguridad Nacional".