Al menos 35 personas fueron detenidas en la zona de Saraguro, en el sur de los Andes ecuatorianos, mientras en Quito una marcha de protesta recorrió varias calles de la ciudad, en el quinto día del "paro nacional" o huelga convocada por sindicatos, indígena y otros grupo sociales contra el Gobierno.
Además, una jueza en Quito negó la deportación de la periodista francobrasileña Manuela Picq, detenida el pasado jueves durante las violentas manifestaciones registradas en el centro de la capital ecuatoriana.
La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter de que 35 personas fueron detenidas este lunes durante las manifestaciones entre las ciudades de Loja y Cuenca de la carretera Panamericana, que une el sur con el norte del país por el callejón andino. Los detenidos, añadió la Fiscalía, fueron trasladados a la ciudad de Loja para someterlos a una "audiencia de flagrancia que se efectuará en las próximas horas".
Por su parte, Luis Macas, un histórico líder indígena ecuatoriano oriundo de Saraguro, rechazó lo que denominó "muchísima represión" y una presunta "emboscada de la policía y también de las Fuerzas Armadas" contra los manifestantes en esa zona andina del país. Macas dijo que los agentes del orden "trataron de allanar los domicilios, golpear a la gente" y que, de momento, la comunidad ha registrado "veinte heridos". "Es una situación muy grave, una confrontación que jamás se ha visto en Saraguro, hay una verdadera emboscada a la comunidad", añadió el líder indígena. "Han llevado a la fuerza a la gente, tanto a hombres como mujeres", agregó, e insistió en que tiene información sobre comuneros con "contusiones considerables" que incluso estarían siendo atendidos en una unidad de salud de la Policía en Loja.
Macas aseguró que la protesta indígena en Saraguro se celebró de manera pacífica y que consistió en bloquear la vía, aunque dijo que se ha permitido el paso a las personas que pretendían participar en la romería de la Virgen del Quinche, que tiene lugar en esta época. Señaló que "la decisión de las comunidades es mantenerse en esta medida" de hecho, y dijo que tiene informes, aún no confirmados, de que dos policías habrían sido retenidos por la población para intentar negociar una especie de canje de detenidos.
Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se atribuyó como triunfo del "levantamiento indígena" y del "paro nacional" convocado desde la semana pasada, y la decisión de una jueza de Quito de negar la deportación de la franco brasileña Manuela Picq, detenida el pasado jueves en Quito. Picq, que es compañera sentimental de Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, la filial quichua de la Conaie, estuvo detenida en un hotel de Quito destinado a inmigrantes en situación irregular.
La jueza Gloria Pinz decidió negar la petición de deportación de Picq y ordenó que se inicie una investigación a los funcionarios que plantearon su salida del país, informó el diario público El Telégrafo. El pasado viernes, la Cancillería decidió revocar el visado de intercambio cultural otorgado a Picq, con vigencia hasta el 26 de agosto, debido a que "realizó actos que perturbaban la paz y el orden público durante las protestas del 13 de agosto", según consta en un informe jurídico, precisó el rotativo.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el "uso excesivo de fuerza" de parte de la policía ecuatoriana durante las protestas que se registraron el pasado jueves en Quito. HRW "ha recibido denuncias creíbles de que la policía ecuatoriana empleó un uso excesivo de la fuerza, incluyendo golpizas a manifestantes no violentos y desarmados", afirmó el director para las Américas de la organización, José Manuel Vivanco. "Cualquier manifestante que haya actuado de forma violenta debe rendir cuentas por sus actos, pero sus acciones no justifican de ninguna manera el uso de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y desarmados", agregó Vivanco en un comunicado.