El magistrado instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, en un comunicado publicado este viernes, coincidió con la Fiscalía en que Luiz Inácio Lula da Silva puede ser escuchado como testigo y no como investigado. La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en septiembre pasado por un comisario de la Policía Federal para quien el exmandatario "pudo haberse beneficiado" de la red que, según Petrobras, desvió unos 2.000 millones de dólares de la estatal.
Zavascki no estableció un plazo para que el expresidente sea interrogado pero la Policía Federal aclaró en la petición que su intención es poder escucharlo en hasta 80 días. El magistrado también autorizó que sean interrogados, igualmente como testigos, destacadas autoridades del Gobierno de Lula (2003-2010) como su ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti; el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y el presidente de Petrobras en la época, José Sergio Gabrielli.
El procurador general de la República (fiscal), Rodrigo Janot, ya había emitido su parecer en el que se manifestaba favorable a que Lula fuese escuchado como testigo en la investigación por el mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil.
De acuerdo con el magistrado instructor, la Fiscalía y la Policía Federal tienen la atribución de determinar "la conveniencia, la oportunidad o la necesidad" de realizar diligencias que ayuden en una investigación y a aclarar los hechos. Zavascki agregó que, en este caso, tanto la Fiscalía como la Policía Federal coinciden en que las autoridades que serán escuchadas en las nuevas diligencias "no ostentan la condición de investigadas sino de informantes, según se desprende de la petición".
De acuerdo con el magistrado, la Policía Federal alegó que dos de los implicados en el escándalo que admitieron su culpa y colaboran con la justicia a cambio de reducción de penas "presumen que el expresidente estaba comprometido en la red de corrupción por las características y la dimensión de la misma pero no disponen de elementos concretos que comprueben su participación". Agregó que, como los investigadores alegan que su objetivo es una "red de poder política alimentada con enormes recursos de la mayor empresa de Brasil", consideran "necesario incluir en el proceso las declaraciones del entonces mandatario mayor de la Nación para que presente su versión de los hechos investigados".
Pese a que Lula no tiene fuero privilegiado, la Policía Federal decidió solicitar la autorización para escucharlo a la corte suprema debido a que varios de los investigados sí lo tienen, por ejercer mandatos, y sólo pueden ser juzgados por el STF.
En su petición al tribunal, el comisario responsable afirma creer que Lula pudo haber "obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o para su Gobierno, manteniendo una base de apoyo partidista sustentada a costa de negocios ilícitos" en Petrobras.