Claudio Bonadío procesó a Cristina Fernández de Kirchner un mes después de que ordenara abrir una investigación en su contra por estos mismos hechos, lo que la obligó a acudir a los juzgados de Comodoro Py (Buenos Aires) para prestar declaración, aunque se limitó a entregar un escrito.
El proceso comenzó el año pasado por una denuncia formulada por los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri por un presunto delito de "defraudación contra la administración pública" por las ventas del dólar futuro. El objetivo de estas operaciones financieras era asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales, de acuerdo con la prensa local.
Para Bonadío "es impensable que una operación financiera de esta magnitud (...), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo". "Resulta evidente que la entonces presidenta impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente– a su ministro de Economía para que esta operación financiera se llevara a cabo", afirmó en un escrito de 147 páginas.
El juez hizo hincapié en que todos los funcionarios a los que supuestamente se ordenó desde la Casa Rosada ejecutar la venta del dólar futuro "eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden o en caso de ser remisos al acatamiento".
Además de Fernández de Kirchner, Bonadío procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex gobernador del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y dictó un embargo de 15 millones de pesos (más de 900.000 euros) sobre los bienes de cada uno.
La defensa de Fernández de Kirchner señaló que el BCRA es totalmente independiente, por lo que escapa al control de la Casa Rosada, e intentó recusar a Bonadío, pero la Cámara Federal lo respaldó manteniendo viva la causa. La expresidenta también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.