El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha declarado competente para conocer la denuncia presentada por el procurador general, Reinaldo Muñoz, en la que solicita medidas cautelares para "evitar actuaciones del Parlamento en contra de la Constitución", como el examen a Nicolás Maduro.
El alto tribunal ha ordenado al Parlamento "abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente 'juicio político'" contra Maduro, "así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución".
También ha prohibido "convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general".
Además, ha recordado que en su fallo del 2 de septiembre declaró "manifiestamente inconstitucionales y, por ende, nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del TSJ".
Para Maduro, este fallo "pone todo en su justo lugar". "El sistema constitucional de Venezuela está funcionando muy bien", ha celebrado el mandatario chavista en su nuevo programa de radio, La Hora de la Salsa.
El pasado 25 de octubre el Parlamento decidió iniciar un proceso para determinar la responsabilidad política de Maduro en la crisis de Venezuela. De ser declarado responsable político, podría enfrentarse a un juicio penal o administrativo. Este proceso sirve solamente para que el legislativo emita una declaración con su parecer sobre la responsabilidad política de Maduro, pero en ningún caso se trata de un "juicio político" porque esta figura jurídica no existe en Venezuela.