El Gobierno mexicano entregó este jueves el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, a Estados Unidos en el último día de la presidencia de Barack Obama para que afronte cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, entre otros.
La Cancillería de México informó en un comunicado que puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a Guzmán y, a través de la misma, el Gobierno lo entregó a las autoridades de Estados Unidos.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el capo fue trasladado desde la prisión de la norteña Ciudad Juárez, donde estaba recluido desde mayo pasado, con rumbo al aeropuerto de esa urbe fronteriza con Estados Unidos. Desde allí fue trasladado a Nueva York para hacer frente a los seis procesos penales que tiene pendientes en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense agradeció en un comunicado al Gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto "por su amplia cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán".
El capo, que fue recapturado el 8 de enero de 2016 en su estado natal de Sinaloa tras la fuga que protagonizó el 11 de julio de 2015 del penal del Altiplano, en el Estado de México, tiene causas pendientes en los estados de Nueva York, Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nueva Hapmshire.
Su traslado a Nueva York se explica porque la Fiscalía del distrito neoyorquino de Brooklyn tiene la causa más contundente en contra del líder del cártel de Sinaloa.
El caso está abierto desde 2009, pero en noviembre de 2016 la Fiscalía interpuso un nuevo escrito en el que acusa a Guzmán de varios cargos, incluido narcotráfico, pertenencia a organización criminal y distribución ilegal de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína.
Cambio en la postura de México
El 22 de enero de 2016, unos días después de que el capo volviese a ser capturado, Peña Nieto informó de que su gobierno estaba buscando acelerar la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Dicha declaración fue la confirmación del giro radical de la posición del Gobierno mexicano.
En enero de 2015, el entonces fiscal mexicano, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que "cumplir su condena en México" antes de ser extraditado a Estados Unidos., lo que podría producirse "unos 300 o 400 años después".
Dicha posición cambió después de que Guzmán protagonizase su fuga del Altiplano, la segunda de una cárcel de máxima seguridad en su haber, que dejó en ridículo a la Administración de Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape del capo sería "imperdonable". Una vez que la Cancillería concedió la extradición el 20 de mayo de 2016, la defensa interpuso varios recursos para evitar su entrega.
La incertidumbre de Trump
La llegada de Trump al poder ha generado una gran incertidumbre entre los mexicanos, ya que ha prometido levantar un muro en la frontera común y hacérselo pagar a México, deportar a millones de inmigrantes, gravar las remesas y dañar al país vecino en el terreno comercial.
El subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, negó en conferencia de prensa cualquier vínculo entre la extradición del narcotraficante y el cambio de gobierno en Estados Unidos. "Nosotros no podemos injerir como parte del Gobierno federal en las determinaciones del Poder Judicial", dijo.
Asimismo, indicó que el capo tiene pendientes en México diez casos por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros cargos. "Pero estos se suspenden (mientras está en EEUU) en términos de la legislación mexicana. En cuanto cumpla la sentencia regresará a ser procesado", aclaró.