La agónica situación política, económica y social que sufre hoy Venezuela no es nueva, puesto que se lleva gestando de forma creciente desde que Hugo Chávez llegó a la Presidencia de la República en febrero de 1999, hace ya más de 18 años. Su desastrosa política de expropiaciones, nula libertad económica, corrupción galopante, restricción de derechos y libertades fundamentales, así como elevada inseguridad jurídica y ciudadana, terminaron por configurar un régimen caracterizado por la pobreza y la ausencia de una democracia efectiva.
Sin embargo, ha sido ahora, tras la muerte de Chávez en 2013 y el consiguiente ascenso de Nicolás Maduro al poder, junto al agravamiento de la profunda crisis económica que sufre Venezuela, cuando la República Bolivariana ha empezado a transitar hacia el establecimiento de una dictadura total, tanto en forma como en fondo, cuya senda ha estado marcada por 10 grandes golpes antidemocráticos asestados por el Gobierno durante los últimos dos años, con la inestimable ayuda del Ejército, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros organismos que se pliegan a la voluntad arbitraria del régimen.
1. No reconoce su derrota electoral
El punto de inflexión que marcó el inicio de esta fatídica deriva fueron las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2015. El gran descontento social que propició la intensa recesión económica, la hiperinflación y la escasez generalizada de productos básicos se tradujo en una clara derrota de Maduro en las urnas, otorgando así la mayoría parlamentaria a los partidos de la oposición.
Sin embargo, pese a la contundencia de los resultados, el chavismo no asumió la decisión soberana que reflejó el pueblo venezolano en las urnas. Pocos días antes de las elecciones, Maduro ya advertía estar "militarmente preparado" para encajar la derrota, avanzando con ello su posterior reacción. Y es que, efectivamente, una vez celebrados los comicios, el presidente bolivariano señaló que "en Venezuela no ganó una oposición democrática, ganó una contrarrevolución, utilizando la Constitución". La victoria opositora, según él, no fue limpia, sino fruto de la "antipolítica del fraude, de la trampa y de la corrupción política-electoral".
2. No reconoce la legitimidad del Parlamento
Y, puesto que las elecciones fueron un fraude, el recién elegido Parlamento carecía de legitimidad para legislar y modificar los designios del Gobierno, erigido ya como único y verdadero representante del "pueblo".
Ésta es la razón por la que Maduro se negó a admitir la ley de amnistía que propuso el Parlamento para liberar a las decenas de presos políticos que había encarcelado el régimen en los meses previos a las elecciones: "Lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto, me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y lo tienen que pagar, así lo digo". Asimismo, el Supremo también tumbó el proyecto de enmienda constitucional que aprobó el Parlamento para reducir el período presidencial de seis a cuatro años. Es decir, al no reconocer su autoridad, el régimen ató de pies y manos al poder legislativo para poder seguir gobernando a sus anchas, sin ningún tipo de limitaciones.
3. Declara el estado de excepción
Por si fuera poco, y dado que el descontento en las calles se agravaba por momentos, Maduro declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica desde principios de 2016 con la vana excusa de aliviar los graves problemas de desabastecimiento que sufría el país, pero que, en realidad, lo único que perseguía era otorgar poderes extraordinarios al presidente para adoptar todo tipo de medidas a nivel económico, político y de seguridad. Aunque el decreto fue rechazado por el Parlamento, el Supremo volvió a acudir en auxilio del régimen declarando su legalidad.
Tras la presentación del citado decreto, Maduro ya empezó a hablar sin ningún tipo de ambages acerca de sus verdaderas intenciones: "La Asamblea Nacional perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca. Está desconectada de los intereses nacionales".
4. Paraliza el referéndum revocatorio
La mayoría opositora activó entonces un nuevo mecanismo, recogido en la Constitución Bolivariana, para propiciar la salida de Maduro del poder mediante la convocatoria de un referendo revocatorio, para lo cual precisaba el apoyo expreso del 20% del electorado mediante la recogida de firmas. La Constitución venezolana establece que el presidente puede ser destituido una vez concluida la mitad de su mandato mediante referéndum.
Sin embargo, el régimen empleó todas las tretas a su alcance para dificultar la recogida de firmas y retrasar al máximo el proceso. En agosto de 2016, Maduro advertía lo siguiente: "¿Ustedes vieron lo que pasó en Turquía -en referencia al golpe de estado frustrado-? Erdogan se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a hacer la revolución bolivariana si la derecha pasa la frontera del golpismo", en alusión al intento del Parlamento por reactivar el revocatorio tras los impedimentos chavistas.
Un mes después, en septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió retrasar el referendo bajo la promesa de que se celebraría en el primer trimestre del presente año, cosa que, finalmente, no sucedió.
5. Ilegaliza el Parlamento
Y no sucedió porque, simplemente, la Asamblea Nacional fue ilegalizada el pasado mes de marzo. A finales de 2016, la cámara legislativa acusó a Maduro de provocar una "grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de Derechos Humanos y la devastación de las bases económicas y sociales" del país.
Pero la reacción no se hizo esperar. Una vez más, el Tribunal Supremo -brazo ejecutor del régimen chavista a nivel judicial- declaró al Parlamento venezolano en "desacato", limitando la inmunidad de los diputados y asumiendo sus competencias, con lo que ilegalizó de facto a la Asamblea. Este hecho fue tildado inmediatamente de "golpe de estado" por la oposición y la comunidad internacional.
6. Brutal represión en las calles
Agotadas las vías democráticas para remover al Gobierno y convocar nuevas elecciones presidenciales, la oposición intensificó sus protestas en las calles a partir de abril contra la deriva dictatorial que había emprendido el régimen. Movilizaciones que, sin embargo, fueron reprimidas de forma brutal mediante la detención de cientos de manifestantes y el asesinato de más de 100 personas por parte del ejército y las fuerzas de seguridad.
Las manifestaciones se organizaron para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para facilitar la llegada de comida y medicinas, la fijación de un calendario para celebrar las elecciones regionales suspendidas, así como el restablecimiento de todos los poderes usurpados al Parlamento.
7. Encarcelamiento de líderes opositores
La represión en las calles se acompañó, además, de la detención arbitraria e indiscriminada de líderes opositores. El caso más destacado es el de Leopoldo López, sentenciado a más de 13 años de cárcel por incitación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014. El propio fiscal encargado del caso llegó a tildar de "farsa" el juicio contra López tras abandonar el país, mientras que Human Rights Watch no dudaba en denunciar que "el Gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil".
8. Convoca una Asamblea Constituyente ilegal
Una vez anulado el Parlamento, Maduro anuncia el pasado 1 de mayo la convocatoria de la famosa "Asamblea Nacional Constituyente" con el fin de redactar una nueva Constitución a su medida, y lo hace de forma abiertamente ilegal, puesto que dicha convocatoria tan sólo puede ser decidida mediante la celebración de un referéndum previo, según reza la Constitución. Sin embargo, el Supremo avaló de nuevo la ilegítima e ilegal decisión de Maduro.
El régimen ignoró la reciente consulta que organizó la oposición para rechazar la Asamblea Constituyente y procedió a la citada votación el pasado fin de semana, con el resultado ya conocido: más de 8 millones de votos, el 41,5% de la población censada, según afirmó el régimen.
9. Amaña las elecciones
El problema, sin embargo, ya no es que se tratase de una convocatoria ilegal, sino claramente fraudulenta por tres razones básicas. En primer lugar, porque las "bases comiciales" -los candidatos autorizados para formar parte de la nueva Asamblea- no se ajustan a los principios básicos de la democracia, ya que el listado de posibles elegibles lo componían, exclusivamente, miembros o simpatizantes del partido de Maduro. El decreto prohibió que los partidos políticos presentasen candidaturas para, de este modo, silenciar a la oposición.
En segundo término, porque se ignoraron los tradicionales distritos electorales para otorgar una representación desproporcionada a las zonas rurales, en donde muchos municipios el oficialismo aún es dominante y puede presionar con mayor impunidad a los electores. Además, 173 de los 545 diputados se seleccionaron por el denominado "ámbito sectorial" para asegurarse la presencia de organizaciones chavistas en el Parlamento (sindicatos, consejos comunales...). Y, por si fuera poco, porque el "carnet de la patria" -la cartilla estatal que da acceso a alimentos y subvenciones- sirvió de base para elaborar el padrón electoral.
Es decir, el régimen cambió las reglas de juego para que los diputados y votantes de la Asamblea Constituyente fueran afines al régimen con el fin de garantizarse la victoria en las urnas. Aún así, el recuento fue tildado de fraudulento, ya que nadie, salvo el propio Gobierno, se cree los 8 millones de votos cosechados. Expertos y partidos de la oposición reducen la participación real a menos de dos millones de personas, el 10% del censo.
10. Declara la dictadura total
Tras el autogolpe, Maduro se apresuró a lanzar duras y claras amenazas contra la oposición, la Fiscal General -contraria a la deriva del régimen- y la prensa díscola. Por el momento, ya ha ordenado el secuestro de Antonio Ledezma y Leopoldo López, que estaban bajo arresto domiciliario, pero esto tan sólo es el principio… Y es que, tal y como advierte Human Rights Watch, los vastos poderes que se conceden a la Asamblea Constituyente permitirán la instauración de una dictadura total en Venezuela mediante las siguientes medidas:
- El cierre de la actual Asamblea Nacional y su sustitución por el Parlamento chavista.
- La eliminación de la inmunidad parlamentaria y la activación del "Plan Especial de Justicia de Emergencia", que sería ejecutado por el Tribunal Supremo y tribunales militares para buscar y capturar a todos los "conspiradores".
- La destitución de la fiscal general.
- Y la suspensión de elecciones democráticas por tiempo indefinido, ya que la Asamblea Constituyente nace sin un plazo de extinción expreso, de modo que podrá prorrogar su funcionamiento sine die, sin ningún tipo de oposición. Las elecciones regionales, previstas para 2016, se retrasaron a diciembre de 2017 y los comicios presidenciales se deberían llevar a cabo en 2018, pero ahora todo apunta a que no se celebrarán, y, si lo hacen, será con unas reglas de juego ajenas a los principios básicos de la democracia (pluralidad política, sufragio universal y plena transparencia). Maduro ya lo advirtió de forma explícita el pasado junio: "Lo que no se pueda con los votos lo haríamos con las armas". El tirano chavista está cumpliendo su palabra.