La ONU denunció el martes que las fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de forma "generalizada y sistemática" a manifestantes y detenidos durante los últimos meses de protestas, coincidiendo con la deriva que ha iniciado el régimen chavista para imponer una dictadura total en el país. Pero, ¿cuáles son las cifras y las tragedias humanas que esconde tal denuncia?
Uno de los informes más completos y exhaustivos sobre la violación sistemática de derechos humanos que está sufriendo Venezuela es el elaborado por el Foro Penal Venezolano (FPV), una ONG integrada por 200 abogados voluntarios y más de 2.000 activistas que se ocupan de prestar asistencia gratuita y apoyo legal a las víctimas de la represión del Estado. Su último documento al respecto evidencia la brutal represión que está ejerciendo el régimen que preside Nicolás Maduro sobre la población.
Asesinatos
Desde el 1 de abril, cuando comenzó la última oleada de protestas en las calles, hasta el pasado 31 de julio, un total de 133 personas han fallecido en el transcurso de las manifestaciones. De este número, 101 personas fueron asesinadas directamente por los efectivos de seguridad del Estado (40%) o bien las bandas armadas chavistas que actúan al margen de la ley (52%). Al menos, el 83% de estas muertes fueron por impacto de bala.
El informe recoge, entre otros testimonios, el caso de Xiomara Soledad, una enfermera de 61 años que fue asesinada por un impacto de bala el 16 de julio en Caracas, mientras se encontraba en las inmediaciones de una iglesia participando en la "Consulta Popular" organizada por la oposición venezolana contra la Asamblea Constituyente. Un grupo de motorizados armados y encapuchados, identificados como afectos al Gobierno, dispararon contra las personas que guardaban fila para votar, matando a Soledad e hiriendo a otras cuatro personas.
Heridos
En cuanto al número de heridos, esta ONG estima al menos 4.000 entre abril y julio, con un promedio de entre 700 a 1.000 heridos al mes. Abundan los casos de civiles heridos de bala, perdigones y esferas de vidrio, así como numerosas personas afectadas por asfixia producto del uso desmedido de gases lacrimógenos y por diversos traumatismos y contusiones.
Detenciones arbitrarias
Como parte de la represión y criminalización por parte del Estado al derecho a la protesta, ha habido 5.051 personas arrestadas desde el 1 de abril por manifestarse en las calles, de las cuales 1.383 permanecen detenidas.
Torturas y violaciones
Por lo que respecta a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, también existen numerosos casos documentados. El informe destaca, entre otros, la detención de 36 personas el 20 de julio en el estado de Zulia, de las que 16 fueron liberadas posteriormente, mientras que las 20 restantes fueron procesadas por un tribunal penal militar.
Según las declaraciones realizadas, "las mujeres detenidas fueron víctimas de actos lascivos, entre ellas una niña de 12 años, quien fue detenida con su hermano, Alexander Vente, quien quedó privado de libertad. La joven fue manoseada en sus órganos genitales por los agentes policiales. Otro de los detenidos (hombre) fue víctima de violación. A otra de las personas arrestadas le prendieron su cabellera con fuego, ocasionándole quemaduras de segundo grado en la parte superior de la espalda. Dos de los detenidos fueron heridos de perdigones en la espalda y abdomen. Otros 2 fueron golpeados con una guaya en la espalda y el resto de los detenidos también manifestó que fueron golpeados brutalmente en distintas zonas de su cuerpo".
Otro caso emblemático es el de Wuilly Moisés Arteaga, violinista que se dio a conocer por ejercer una forma de protesta pacífica tocando su violín en medio de las protestas y la represión de las fuerzas chavistas. Wuilly fue detenido con su violín el 27 de julio en Bello Campo, Municipio Chacao, en Caracas y lo mantuvieron incomunicado durante varios días. Durante su arresto fue golpeado con los cascos de los funcionarios en la cabeza, hasta el punto de perder la audición en su oído derecho, y quemado su cabello con un mechero.
Tribunales militares
El número de civiles procesados por tribunales militares asciende a un total de 609, de los que 372 han sido privados de libertad entre abril y julio, vulnerando su derecho constitucional a la Justicia ordinaria.
Presos políticos
Al 31 de julio, existían 620 presos políticos en Venezuela, según lista elaborada por FPV y certificada por la Organización de Estados Americanos. Esto representa un aumento importante en relación al 30 de junio, cuando la cifra era de 403. Entre estos casos se encuentra el del alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara, Alfredo Ramos, el activista del partido político Voluntad Popular, Carlos Graffe y el magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa. Todos privados de libertad por tribunales militares.
Zerpa fue detenido el 22 de julio, un día después de jurar su cargo, y arrestado arbitrariamente sin una orden judicial. "Estuvo incomunicado durante su detención, tiempo en el cual fue recluido en una celda contaminada con excremento humano" y presentado ante un tribunal militar acusado de "Traición a la Patria", tal y como recoge el documento. A la finalización del informe, Zerpa se mantenía en huelga de hambre como medida de protesta por las irregularidades cometidas desde su detención hasta el desarrollo de su proceso judicial.
Violación del hogar
La violación inconstitucional y sin orden judicial del hogar doméstico se ha convertido en algo regular y sistemático. Dichas actuaciones la protagonizan fundamentalmente los funcionarios del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Estos registros "se han ejecutado al margen de la ley, sin orden judicial previa y sin sustento legal alguno, sin presencia de un fiscal del Ministerio Público, sin la presencia de los testigos que exige la ley y sin permitirle a los investigados estar asistidos por sus defensores, lo que convierte a estos procedimientos en una flagrante violación a los derechos humanos, en especial al principio de Inviolabilidad del hogar doméstico, domicilio o recinto privado consagrado en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", aclara el texto.
"Cuando los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y también, en muchos casos, civiles armados, encapuchados y sin identificación alguna, de manera generalizada entran por la fuerza a los hogares, se aprovechan de tal situación, para sembrar evidencias y detener a presuntos manifestantes, sin que en esas viviendas se esté cometiendo delito alguno, causando además destrozos y daños, lo que reitera que estas actuaciones se realizan con el objeto de crear zozobra e imponer por la fuerza las órdenes y las políticas gubernamentales contra los ciudadanos, que son identificados arbitrariamente como opositores o a los que se acusa sin base de manifestar contra el gobierno o de disentir de la línea oficial", añade el informe.
Amenazas y agresiones
Los casos son innumerables, pero el informe recoge, a modo de ejemplo, uno de estos habituales atropellos contra los derechos y las libertades fundamentales del individuo que afectó a uno de sus integrantes, el abogado y miembro del Foro Penal Venezolano Abraham Cantillo.
El 20 de julio de 2017 […] fue robado por civiles armados y amenazado. Estas personas se referían a él de manera despectiva como el "abogado de los guarimberos [opositores]" y lo golpearon con el cañón de un revólver en la boca que le ocasionó hinchazón y lesiones. Posteriormente, el jueves 27 de julio de 2017, fue seguido por dos motorizados y logró escapar con su vehículo […]
En pocos minutos lo interceptaron nuevamente, lo apuntaron con armas, lo montaron a la fuerza en una camioneta colocándole una capucha de tela y amarrando sus muñecas con tiras de plástico. Le rompieron la camisa y lo guindaron [colgaron] de un tubo por aproximadamente 5 horas, golpeándolo brutalmente y de manera constante. Mientras lo golpeaban se referían a él como "maldito abogado de los guarimberos".
Luego lo bajaron y le vertieron agua fría encima. Le pusieron una escopeta en la cabeza y lo amenazaron con matarlo. Luego lo montaron en un vehículo y se lo llevaron a la zona industrial de la ciudad de Barquisimeto, donde lo bajaron del mismo y le gritaron que no volteara su cara o lo mataban. Cuando el vehículo se alejó, Abraham pudo correr.
Foro Penal no es la única ONG de derechos humanos que denuncia estos salvajes ataques por parte del régimen chavista contra el pueblo. Human Rights Watch publicó a finales de julio un informe multimedia donde muestra la magnitud y brutalidad de la represión chavista contra los manifestantes, poniendo así sonido e imágenes a estas denuncias.