El Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin) registró este miércoles la vivienda de la exfiscal Luisa Ortega Díaz en Caracas, horas después de que el recién designado fiscal Tarek William Saab, pidiera la detención de su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quien el chavismo acusa de liderar una red de extorsión.
"En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Vzla", informó Ortega Díaz a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. En otro mensaje indicó que de esta forma el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Diosdado Cabello "pretenden acabar" con la lucha de ella y su esposo "por la democracia y la libertad de los venezolanos".
De esta forma es que el Gobierno de Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos.
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) August 16, 2017
Horas antes el nuevo fiscal había solicitado al presidente del Supremo, Maikel Moreno, que librara una orden de captura contra Ferrer mientras se iniciaba "el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria". Esta acción de Saab se produjo luego de que el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, pidiera la detención de Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público (MP) mientras Ortega era fiscal general.
El nuevo fiscal exhibió unos papeles en los que supuestamente consta que Ferrer abrió varias cuentas en divisas en bancos de las Bahamas y aseguró que esta "red de extorsión" que operaba desde el MP tiene cuentas con montos que superan los 6 millones de dólares. Saab acusó a Ortega de convertir al Ministerio Público, durante los más de nueve años que estuvo dirigiéndolo, "en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada" en un "centro de chantaje" y "de extorsión".
Ortega fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Constituyente que la acusó de haber cometido "actos inmorales", una acción que para la exfiscal es un paso más del Gobierno de Maduro hacia el establecimiento de una dictadura.