El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, aceptó el pedido de la fiscalía y ordenó la medida contra José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, de la firma Graña y Montero; contra Fernando Camet Piccone, de la empresa JJCamet; y Fernando Castillo Dibós, de la compañía ICCGSA.
El juez también determinó que el empresario Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, cumpla la orden judicial en una clínica de Lima, después de que su abogado afirmara que padece de cáncer.
En su resolución, Concepción Carhuancho consideró que los empresarios habrían coordinado de manera "subrepticia" con la empresa brasileña Odebrecht entregar sobornos y adjudicarse los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Añadió que se habrían presentado "pactos por debajo de la mesa", para "reembolsar" a Odebrecht parte del dinero de un presunto soborno entregado a Toledo.
#Loultimo @Poder_Judicial ordena 18 meses de prisión preventiva a cuatro representantes de empresas socias de Odebrecht. pic.twitter.com/rLLkpDVDKw
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 4, 2017
El juez señaló que en este caso había evidencias de la presunta comisión de los delitos de colusión (pacto en perjuicio de un tercero) y lavado de activos, con acusaciones que implican posibles condenas de 6 a 11 años de cárcel.
Según el fiscal, las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica cedieron parte de sus utilidades (ganancias) a Odebrecht como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que supuestamente entregó esa empresa a Toledo. "Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego" hasta un importe equivalente a quince millones de dólares, según la fiscalía.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014. Ese período abarca los mandatos de Toledo, con orden de captura por presuntamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.