La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que las autoridades de Arabia Saudí ejecutarán el martes a siete personas condenadas por robo a mano armada, a pesar de que cuando cometieron el delito eran menores de 18 años. Los siete fueron condenados en 2009, tres años después de cometer el delito. En febrero, el rey Abdulá ratificó las sentencias. Amnistía ha denunciado además que seis serán fusilados, mientras que uno de ellos será crucificado después de morir.
"Durante su interrogatorio recibieron fuertes palizas, les negaron la comida y el agua, les impidieron dormir, les tuvieron catorce horas seguidas de pie y les obligaron a firmar confesiones", ha criticado la ONG. "Estuvieron tres años y medio recluidos en prisión antes de ser juzgados. Cuando llegó el juicio, en 2009, éste apenas duró unas horas y no tuvieron asistencia letrada ni derecho de apelación", ha afirmado Amnistía en un comunicado.
Además, la organización solicita al Gobierno español que adopte las medidas necesarias para parar de inmediato las ejecuciones, aludiendo a las buenas relaciones que unen al rey Abdalá con el Rey Don Juan Carlos.
La última vez que Riad ordenó una ejecución en grupo fue en 2011, cuando a ocho bangladeshíes se les aplicó la pena capital por participar en un robo a mano armada en el que murió un guardia de seguridad.
Sangriento historial
En Arabia Saudí, la pena capital se contempla para cargos como asesinato, robo a mano armada, tráfico de drogas, magia negra y hechicería; en una aplicación estricta de la Sharía.
El país tiene uno de los índices de ejecución más altos de mundo: ejecutó al menos a 1.938 personas entre 1985 y 2012. Se sabe que en lo que va de año han sido ejecutadas ya al menos 17. Las autoridades aplican la pena de muerte por una amplia gama de delitos que no cumplen los criterios internacionales mínimos para imponer la pena capital; entre ellos figuran el robo a mano armada y el contrabando de drogas, así como "delitos", como la apostasía.
Normalmente se ejecuta por decapitación, a menudo en público. En algunos casos se "crucifica" el cadáver, lo que supone colgar el cuerpo y la cabeza cortada en un poste en una plaza pública, para que sirvan de escarmiento.