Aquellos que proponen que se boicotee a Israel a través del movimiento BDS –Boicot, Desinversiones y Sanciones- han sufrido un duro golpe legal en España: El Gobierno tendrá que satisfacer una indemnización a una universidad israelí discriminada por el Gobierno Zapatero, tras resoluciones de la Audiencia Nacional y el Consejo de Estado.
En una resolución que desde la asociación ACOM se califica de "histórica", el Consejo de Estado de España ha concluido que procede declarar nula de pleno derecho la decisión del Gobierno Zapatero en septiembre del 2009 de expulsar a la Universidad israelí de Ariel de una competición científica.
El Consejo de Estado asimismo confirmó que el Gobierno de España debía indemnizar a la universidad con 70.000 € por esta expulsión ilegal, cantidad que se suma a los 30.000 € que ya se tuvo que reembolsar originalmente. El Gobierno de España, aceptando la decisión, ha realizado el pago de la indemnización hace unos días.
Un concurso del Ministerio de Vivienda
El Gobierno ha tenido que aceptar que, al excluir a la Universidad de Ariel del mencionado concurso internacional, denominado Solar Decathlon Europe, su organizador, el Ministerio de Vivienda entonces dirigido por la ministra Beatriz Corredor, había conculcado el derecho de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.
Adicionalmente, la decisión de expulsar a la universidad israelí se considera completamente injustificada, al no poderse acreditar tratado o ley alguna, española o europea, para sustentarla. Esta resolución ahora adoptada por el Gobierno con el dictamen favorable del Consejo de Estado, desautoriza las indicaciones emitidas originalmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo entonces de Miguel Ángel Moratinos, de excluir a dicha universidad.
Anteriormente a todo ello, en el 2013 la Audiencia Nacional ya había emitido una sentencia en la que requería a la Administración para que resolviera la acción de nulidad interpuesta anteriormente por la universidad israelí ante la misma, la cual estaba basada, entre otras, en la vulneración de derechos y libertades constitucionales.
Una universidad con 15.000 estudiantes
La Universidad de Ariel participa en diversos concursos y conferencias internacionales. Situada en la ciudad de Ariel en Samaria, cuenta con 15.000 estudiantes, que representan un amplio espectro de la sociedad israelí, incluyendo árabes y judíos, religiosos y laicos, inmigrantes e israelíes nativos.
En el año 2008 la Universidad de Ariel fue seleccionada como una de las 21 universidades finalistas en una competición para diseñar viviendas sostenibles que usaran energía solar. Sin embargo, en el 2009 el gobierno socialista del presidente Zapatero notificó a la universidad que su equipo había sido expulsado de la competición por "el hecho de que su institución se encuentra ubicada en territorios ocupados y estando obligados a respetar la posición de la Unión Europea en relación con esta materia".
Aun cuando el gobierno actual del PP trató en 2013 de justificar el comportamiento del Ministerio de Vivienda del gobierno socialista mencionando que la exclusión "se realizó en todo momento siguiendo las indicaciones recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores", el Gobierno finalmente tuvo que reconocer que ese último Ministerio no podía explicar a qué normativa se refería como base de esa exclusión.
Una dura resolución
El Consejo de Estado añade que las razones invocadas por el Ministerio de Vivienda en su resolución de expulsión "difícilmente se compadecían con la posición de la Unión Europea sobre la cuestión planteada" y que los acuerdos vigentes "incluían en su ámbito a las universidades israelíes, cualquiera que fuera su ubicación territorial y aseguraban su participación en diversos proyectos y programas de cooperación técnica". Añade el Consejo de Estado que cualquier exclusión territorial no puede proyectarse "al ámbito de colaboración científica y universitaria".
En su dura resolución definitiva, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que incluye a dos exministros de Justicia, un antiguo presidente del Tribunal Constitucional y uno de los "padres" de la Constitución, concluye que la expulsión de la Universidad de Ariel "fue adoptada, de plano, sin sujetarse a ninguno de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y comportó la privación de derechos e intereses" y así declara, no sólo su "nulidad de pleno derecho", sino que también declara la responsabilidad del Estado de indemnizar por los "daños efectivos y reales, individualizados, concretos y evaluables económicamente" que alcanzan en total los 100.000 euros, "importe máximo que hubiera percibido la Universidad de Ariel por su participación en la competición".
El largo proceso legal de cinco años contra el Gobierno de España ha sido liderado por el prestigioso bufete de Cremades & Calvo Sotelo en representación de la Universidad de Ariel, y en coordinación con el abogado Marc Zell de Jerusalén, a cargo del Comité de dicha Universidad que lucha contra el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).
Los documentos que obran en el expediente administrativo incluyen prueba de la presión ejercida por el movimiento BDS contra los organizadores de la competición científica, el Ministerio de la Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid.