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Cultura lo niega

Acusan al Gobierno de querer aprobar la Ley Sinde estando en funciones

La regulación de la norma no ha sido aprobada y el Ministerio de Cultura ha negado que se vaya a hacer mientras el Gobierno esté en funciones.

La ministra de Cultura | Archivo
Libertad Digital

El Ministerio de Cultura ha desmentido que este viernes el Consejo de Ministros vaya a aprobar la regulación de la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como Ley Sinde, que autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.

Según han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press, esta cuestión no está incluida en los temas que serán aprobados durante la celebración del último consejo de Ministros del Gobierno en funciones, como han avanzado medios de comunicación que ocurrirá.

La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, fue aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo, quedando pendiente de regulación. Esta ley se envió al Consejo de Estado a finales de octubre y a partir de ese momento ya podía ser aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros.

Según una información a la que ha tenido acceso el diario El Economista, el deseo de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, era que esta ley quedase aprobada antes de las elecciones del pasado domingo. Al no ser así, asegura que la intención del Gobierno en funciones es aprobar la regulación de dicha ley en el último Consejo de Ministros de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha desmentido esta afirmación.

La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible ha sido objeto de controversia durante este año. La puesta en marcha de la Ley Sinde incluye la posibilidad de cerrar páginas web que faciliten la descarga de archivos sujetos a derechos de autor. Por este motivo, tanto usuarios como periodistas, artistas y blogueros se han manifestado en contra de esta ley ya que consideran que va en contra de los derechos de los internautas.

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