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Bruselas propone obligar a las web a garantizar el "derecho al olvido"

Aunque en su momento hayan accedido a dar información de sí mismos, los usuarios podrán pedir que se elimine.

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Aunque en su momento hayan accedido a dar información de sí mismos, los usuarios podrán pedir que se elimine.

La comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, ha presentado la primera de sus propuestas para actualizar la ley europea de protección de datos, una legislación que data de 1995, antes de la popularización de la red.

La nueva legislación propuesta por Bruselas, que necesitará el visto bueno de los gobiernos de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara, facilitará a los ciudadanos borrar la información que aparece de ellos en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook.

Con esta iniciativa Reding quiere plasmar su vieja reivindicación de que los europeos tengan el derecho a "borrar su rastro en internet" cuando lo deseen, aunque previamente hayan accedido a dar información sobre sí mismos colgando, por ejemplo, fotografías en las redes sociales.

"La protección de datos es un derecho fundamental pero a veces los ciudadanos ven cómo se les escapa de las manos", señaló Reding ante la prensa.

La comisaria destacó la necesidad de poner al día la legislación sobre protección de datos dado que "cuando se aprobó la última, en 1995, solo el 1% de los europeos se comunicaba habitualmente por internet. Hoy son el 97 %", precisó.

La iniciativa pretende que exista un solo mercado digital para usuarios y empresas y una sola ley para los Veintisiete en términos de protección de datos. Además de mejorar los derechos de los usuarios, la iniciativa también pretende simplificar la legislación para las empresas de telecomunicaciones que operan en la UE. "El mercado digital europeo no vuela tan alto como podría porque las empresas tienen que pensar en veintisiete legislaciones distintas", indicó Reding.

Por ello, la medida prevé que exista un futuro conjunto único de normas de protección de datos y que se eliminen "requisitos administrativos innecesarios" que permitirán ahorrar 2.300 millones de euros (unos 2.900 millones de dólares) al año a las compañías, explicó.

Actualmente, las empresas tenían que notificar sus actividades de protección de datos a los supervisores nacionales. A partir de ahora, solo tendrán que hacerlo a una única autoridad, y no a veintisiete distintas. Esta "ventanilla única" de datos personales facilitará las cosas a las empresas, "pero también a los ciudadanos que quieran denunciar abusos", subrayó Reding.

En casos de incumplimiento por las compañías de sus obligaciones de protección de datos, las empresas deberán hacer frente a sanciones de hasta un millón de euros (más de un millón de dólares) o el 2 % del volumen de su negocio.

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