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A Bruselas "no le gusta" la ley antipiratería francesa

"No todo lo que no me gusta políticamente es también ilegal", ha asegurado Viviane Reding, comisaria de Sociedad de la Información.

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"No todo lo que no me gusta políticamente es también ilegal", ha asegurado Viviane Reding, comisaria de Sociedad de la Información.

LD (Europa Press) A la Comisión Europea no le gusta desde un punto de vista político la nueva ley antipiratería francesa aprobada este miércoles por el Senado, que permite a una autoridad administrativa cortar el acceso a Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales de contenidos protegidos. Eso sí, deja claro que la denominada ley Hadopi no vulnera la normativa comunitaria en materia de telecomunicaciones.

"No todo lo que no me gusta políticamente es también ilegal (...) No tengo ninguna indicación de infracciones de la legislación de la UE", afirmó la comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, sobre la ley francesa en declaraciones difundidas por su portavoz.

El Ejecutivo comunitario resaltó además que la ley antipiratería francesa seguirá siendo compatible con la legislación comunitaria incluso aunque finalmente los Gobiernos de los Veintisiete acepten la opinión de la Eurocámara. Los parlamentarios quieren introducir una enmienda (138) a la normativa europea sobre telecomunicaciones que deje claro que no se podrá cortar Internet a un usuario sin una autorización judicial previa.

Reding reiteró que comparte y respeta esta enmienda porque representa "una reafirmación política sobre la importancia de los derechos fundamentales". Pero subrayó que "una enmienda a una directiva de la UE no puede cambiar la división de competencias entre la UE y los Estados miembros ni extender el campo de aplicación de los derechos fundamentales de la UE a las decisiones nacionales".

La petición de la Eurocámara de que se exija una orden judicial previa para cortar el acceso a Internet ha bloqueado la aprobación de toda la reforma de la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones. Ahora, Gobiernos y Parlamento tienen un plazo de ocho meses para lograr un acuerdo.

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