El más alto tribunal alemán dio así la razón a los mas de 35.000 denunciantes de dicha ley, casi todos personas privadas, en el mayor recurso presentado en la historia del Constitucional contra una decisión del legislativo.

La ley en vigor desde 2008 contempla el almacenamiento durante seis meses de todos los datos de conexión de las comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos y de navegación por internet, así como los de localización espacial de los usuarios de teléfonos móviles.

Los jueces del tribunal con sede en Karlsruhe, al oeste del país, sentenciaron que la ley viola flagrantemente el derecho al secreto de las telecomunicaciones, así como el principio de proporcionalidad. Igualmente consideraron en su sentencia que la seguridad en el almacenamiento de dichos datos es insuficiente, que no se concreta el uso final de dichos datos y que la ley no es suficientemente transparente. Los magistrados determinaron además que los datos almacenados hasta ahora debían ser eliminados "inmediatamente".

Contra la citada ley habían presentado denuncias tres grupos de ciudadanos, el mayor de ellos, al que se habían sumado unas 34.900 personas, ha sido representado por el abogado berlinés Meinhard Starostik. Los otros dos grupos están representados por el político liberal Burkhard Hirsch, mientras el abogado verde Volker Beck defendía los intereses de mas de 40 diputados de su partido en el Bundestag.

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán no descarta absolutamente la posibilidad de almacenar ese tipo de datos por motivos de seguridad, ni cuestiona una normativa de la Unión Europea (UE) en la que se basaba la ley anulada. Sin embargo, el veredicto de los jueces germanos establece que el almacenamiento de datos de las telecomunicaciones como figura en la ley anulada "supone una grave intervención con un alcance como el orden legal no conocía hasta ahora". Por ese motivo, una intervención de ese tipo debe estar ligada a condiciones severas que no contempla la ley que hoy fue anulada por los jueces de Karlsruhe.

Contra la ley se habían mostrado los partidos menores de la oposición, verdes y La Izquierda, pero también el gubernamental Partido Liberal (FDP) de la actual ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, en la oposición cuando fue aprobada.

En defensa de la ley anulada solo había salido poco antes de conocerse la sentencia el portavoz de la comisión de Interior del Bundestag, el cristianodemócrata Wolfgang Bosbach, quien subrayó la importancia de la polémica normativa en la lucha contra el terrorismo. El crimen a través de las telecomunicaciones "no deja huellas dactilares, ni de ADN", dijo Bosbach, correligionario de la canciller federal, Angela Merkel, y aseguró que sin la polémica ley "habrá muchos delitos y crímenes que no podrán impedirse o ser aclarados".

Mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel se mostró decepcionada con la sentencia, el júbilo fue amplio entre otras formaciones políticas. El vicecanciller y ministro de Exteriores, el liberal Guido Westerwelle, afirmó que la sentencia del Constitucional demuestra que merece la pena luchar por los derechos de los ciudadanos.

"Es un día estupendo para los derechos y libertades fundamentales", dijo, por su parte, su correligionaria y ministra de Justicia, quien celebró que el TC se haya pronunciado con palabras tan "tajantes" contra una violación tan "flagrante" de los derechos. A juicio de Leutheusser-Schnarrenberger, la sentencia es especialmente importante porque pone también coto a otros proyectos europeos que limitan los derechos, como, por ejemplo, el de almacenar los datos de pasajeros.

El portavoz de uno de los colectivos demandantes anunció que llevará la protesta a otros países europeos, en los que también se ha aplicado la normativa europea.