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Noticia publicada el 04-01-2007
LD (EFE) Amnistía Internacional dice sentir una gran preocupación por la desprotección que, a su entender, sufre la infancia frente a videojuegos con contenidos no recomendados para su edad, tras comprobar esta Navidad la facilidad con la que varios menores podían comprar en un centro comercial juegos para videoconsolas clasificados para mayores de 18 años.
Pese a que en el último año se ha generalizado en España la aplicación del código PEGI -un sistema europeo de autorregulación que clasifica los juegos por edad-, AI alerta de que la distribución que realizan las empresas fabricantes "a menudo es poco rigurosa y confusa", y señala que la información aportada por los iconos utilizados es insuficiente para conocer el contenido del producto.
En este contexto insiste en que es una "dejación de responsabilidades" por parte del Gobierno ceder a las empresas de software de entretenimiento la protección de los derechos de la infancia mediante este código de libre adhesión.
"Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego, no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños", sostiene el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en declaraciones recogidas en el comunicado.
En la misma nota, esta ONG considera "insuficientes" las medidas anunciadas recientemente por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, como la de difundir un decálogo de consejos para orientar a padres y tutores en la compra responsable de videojuegos, si bien confía en que la creación de una comisión de seguimiento del código PEGI en España se ponga en marcha "lo antes posible".
Pese a que en el último año se ha generalizado en España la aplicación del código PEGI -un sistema europeo de autorregulación que clasifica los juegos por edad-, AI alerta de que la distribución que realizan las empresas fabricantes "a menudo es poco rigurosa y confusa", y señala que la información aportada por los iconos utilizados es insuficiente para conocer el contenido del producto.
En este contexto insiste en que es una "dejación de responsabilidades" por parte del Gobierno ceder a las empresas de software de entretenimiento la protección de los derechos de la infancia mediante este código de libre adhesión.
"Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego, no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños", sostiene el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en declaraciones recogidas en el comunicado.
En la misma nota, esta ONG considera "insuficientes" las medidas anunciadas recientemente por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, como la de difundir un decálogo de consejos para orientar a padres y tutores en la compra responsable de videojuegos, si bien confía en que la creación de una comisión de seguimiento del código PEGI en España se ponga en marcha "lo antes posible".
