LD (Daniel Rodríguez Herrera) Pese al reciente rechazo del Parlamento Europeo a la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a internet como sanción, y el coste de 70 millones de euros del sistema de vigilancia que implantará, la ley de los tres avisos ha recibido la luz verde de la Asamblea Nacional francesa de una forma un tanto peculiar. El texto ha sido aprobado por 12 votos contra 4 en una cámara de 577 diputados.

La ley prevé la creación de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet (Hadopi), que será la encargada de dar los avisos a los internautas que pirateen archivos y la que dictamine la interrupción de las conexiones para los reincidentes, según informa EFE. Los diputados señalaron, además, que los internautas a los que se les interrumpa la conexión no deberán pagar la misma, en contra de la opinión de las empresas del sector, que creen que se pueden ver perjudicadas por la medida.

El primer aviso se hará por correo electrónico y será seguido por otro que se enviará por carta certificada en caso de que el usuario reincida en algún momento de los siguientes seis meses. Si en el periodo de un año desde el primer aviso el internauta vuelva a usar redes P2P, se procederá a desconectarle de internet. El tiempo que dure la sanción variará entre dos meses y un año, en función de la cantidad de descargas que haya realizado el usuario.

Estaba previsto que, al igual que sucede con otras leyes, la votación no se realizara al finalizar el debate sino la semana que viene, pero el Gobierno de Sarkozy exigió que el voto se realizara al finalizar el debate, cuando sólo quedaban dieciséis diputados en la Cámara.

Las decisiones de este nuevo organismo no podrán ser recurridas por los internautas sancionados, a no ser que hubieran aceptado con anterioridad instalar en su ordenador un programa espía que informe a Hadopi del material que comparte un usuario.

Las estimaciones del Ministerio de Cultura francés prevén que Hadopi enviará cada día 10.000 correos electrónicos de aviso, 3.000 cartas certificadas y 1.000 desconexiones, lo que significa que el 20 por ciento de los franceses podría recibir un aviso del nuevo organismo.

En España, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida en esta dirección, aunque no la descarta. Las entidades de gestión de derechos de autor y las operadoras están negociando un acuerdo que, sin llegar a la desconexión, castigue a los usuarios de P2P.