La apertura de este procedimiento formal es el resultado de las quejas presentadas ante el Ejecutivo comunitario por varios proveedores de servicios de búsqueda en Internet. Estas empresas han denunciado que sus servicios resultan penalizados en los resultados de las búsquedas gratuitas y de pago de Google y que la compañía estadounidense favorece sistemáticamente sus propios servicios.

Entre las sociedades denunciantes se encuentran la página web británica de comparación de precios Foundem, el buscador francés especializado en temas jurídicos ejustice.fr, y el sitio de comparación de precios Ciao!, integrado en el buscador de Microsoft Bing, según desveló Google en febrero.

Bruselas ha precisado que el lanzamiento de las pesquisas formales "no implica que la Comisión tenga pruebas de la existencia de una infracción, sino que sólo significa que realizará una investigación en profundidad sobre este caso de forma prioritaria".

El Ejecutivo comunitario ha informado ya a Google de su decisión, así como a las autoridades de competencia de los Estados miembros. No existe ningún plazo determinado para concluir la investigación, ya que depende de múltiples factores, como la complejidad de cada caso y la cooperación de las empresas afectadas con Bruselas.