A este órgano expusieron sus consideraciones portavoces de los editores de diarios, productores musicales, editores generales, salas de cine, televisiones autonómicas y comerciales, distribuidoras discográficas y la Red SOS-tenible, que a su vez agrupa a colectivos civiles, entre ellos asociaciones de internautas.

Los que pagan se quejan del monopolio

Así, la Federación de Cines de España (FECE) ha abogado por que "se descargue" a las salas de varios derechos que pagan en la actualidad, y también por la racionalización de la gestión colectiva de derechos, de forma que las entidades dedicadas a este fin, aunque "son necesarias", no fijen los precios unilateralmente sino a través de un organismo mediador.

También la Federación de Organismos y Entidades de Radio Autonómicos (FORTA), que agrupa a las televisiones autonómicas, ha tachado de poco equitativas y carentes de criterio objetivo los cánones por derechos de autor y ha pedido que las tarifas no se impongan de forma unilateral. Según Joaquín Escaso, representante de la FORTA, "hay muchísimos fallos en cuanto a la organización, constitución y administración de estas entidades, fallos que afectan no sólo a los usuarios sino también a los propios colectivos a los que administran".

Más dura con las entidades de gestión se ha mostrado la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que ve urgente "eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva" para "evitar el mantenimiento o conformación de monopolios". UTECA, que agrupa a las principales televisiones privadas del país, pide asimismo que se impongan a estas entidades "obligaciones de transparencia", tanto contable como respecto a los artistas a los que representan "y las obras y prestaciones realmente gestionadas".

Las entidades de gestión, de las telecos

Mientras, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estima necesaria una reforma "en profundidad" de la "obsoleta" Ley de Propiedad Intelectual porque la situación de la piratería en España es "muy grave" desde hace muchos años. El director ejecutivo de FGEE, Antonio María Ávila, ha señalado que las operadoras de internet son, en parte, responsables de la situación porque "como su negocio es el tráfico, les importa tres pepinos que el tráfico sea legal o ilegal".

También la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Soportes Discográficos (ANEDI) tiene en el punto de mira a las operadoras de internet, a las que ha pedido que se imponga un canon dado su papel de distribuidora digital de archivos protegidos por derechos de autor. La representante de ANEDI, Mónica Sevil, ha opinado que, al igual que un distribuidor de discos físicos, el distribuidor digital debe ser "absolutamente responsable" del flujo de las obras.

Por su parte la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), considera que la Ley vigente es buena y equilibrada, pero tiene problemas de aplicación que requieren una solución. El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, ha argumentado que "los problemas no son tanto cómo está regulado (el derecho de autor), sino cómo se aplica" y ha insistido en que hay un vacío en la defensa de los derechos en internet.

El director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (ASEDE), Ignacio Benito, ha pedido una reforma legal que impida la reproducción masiva de contenidos de los diarios en internet, situación a la que responsabiliza en parte de la fuerte caída de la difusión de la prensa. Además, pidió que la nueva Ley establezca procedimientos cautelares y ágiles contra quienes vulneren estos derechos.

EXGAE pide abolir el canon

La artista Simona Levi, miembro de EXGAE y del colectivo Red SOS-tenible, ha defendido los postulados de la Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, que "tiene en cuenta 20 años de propuestas jurídicas para adecuar la Ley de Propiedad Intelectual a la nueva era digital".

Levi ha defendido la propiedad intelectual "como un incentivo a la creación, no como un fin en sí", y ha pedido que los ingresos de los creadores no dependan sólo de los royalties, una reforma en profundidad de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la abolición del canon digital. Ha propuesto asimismo que se potencie y no limite el derecho a cita y que las obras con subvenciones públicas sean "accesibles con licencias libres".