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El Congreso aprueba el dictamen del proyecto de ley de retención de datos de tráfico

Todos los grupos parlamentarios menos el PP, que se ha abstenido, han aprobado este jueves en el pleno del Congreso el dictamen (en .pdf) del Proyecto de Ley sobre la retención de datos de tráfico, al que han denominado de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. La norma afecta a Internet y telefonía, tanto fija como móvil. Los datos tendrán que ser almacenados durante un año, aunque en ocasiones este periodo puede alargarse hasta veinticuatro meses.

¿Qué datos se veran afectados?
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(Libertad Digital) Una vez aprobado el dictamen del proyecto de ley por el Congreso, este pasará al Senado y de ahí volverá a la Cámara Baja. El texto prevé que una gran cantidad de datos tendrán que ser almacenados por los proveedores de Internet y las operadoras de telefonía. Dicha información sólo podrá ser utilizada "con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales" y podrán acceder a ella, de acuerdo con la actual redacción, las fuerzas de seguridad y los servicios secretos, siempre bajo mandato judicial.
 
Respecto a las tarjetas de prepago en telefonía móvil, la norma establece que las operadoras que las comercializan deberán "llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes" que las adquieran. En el caso de aquellas que hayan sido vendidas antes de la entrada en vigor de la norma, las empresas tendrán un año para identificar a sus propietarios. En aquellos casos en los que esto no haya sido posible, las tarjetas deberán ser anuladas o desconectatas.
 
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que con esta norma se pondrá "en las manos de jueces y policías un instrumento moderno y eficaz para luchar contra la criminalidad organizada", según ha informado la Agencia Efe. El proyecto es una transposición de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre esta misma materia. Al igual que en la normativa comunitaria, en la exposición de motivos de la norma española se dice que las normas para la retención de datos se han hecho "buscando el imprescindible equilibrio con el respeto de los derechos individuales que puedan verse afectados, como son los relativos a la privacidad y la intimidad de las comunicaciones".
 
Sin embargo, desde los ámbitos de defensa de la privacidad y de los derechos de los ciudadanos de toda Europa se lleva denunciando desde hace años que la retención de datos supone un grave riesgo en estas materias.

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