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(Libertad Digital) Según informan varias agencias, el Gobierno trata de presionar con este anuncio a los proveedores de internet para que lleguen a un acuerdo "voluntario" con las industrias discográfica y cinematográfica. Pero estas empresas ya han dejado claro que, de todos modos, con acuerdo o sin él, habría que cambiar la ley, que ahora declara ilegal espiar qué hace un ciudadano en la red si no hay orden judicial de por medio.
Además, el uso de la encriptación por parte de los usuarios haría imposible a los proveedores saber qué archivos se intercambian en las redes P2P, por lo que tendrían que acusar a los internautas por el mero hecho de emplear eMule o BitTorrent –con la posibilidad de que se den falsos positivos– o limitarse a aquellos, seguramente más novatos, que no activen la opción de encriptar los ficheros.
El secretario de cultura, Andy Burnham, ha declarado no obstante al Financial Times que la idea de imponer un sistema de "tres avisos" antes de desconectar de la red a un usuario nunca ha sido estudiada por su departamento.
