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ACUMULA MÁS DE UN AÑO DE RETRASO

El Gobierno teme publicar el nuevo canon digital antes de las elecciones de marzo

 

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LD (M. Llamas) El Ejecutivo acordó el pasado noviembre las nuevas tarifas y el listado de productos tecnológicos gravados por el canon digital, con un coste estimado de 110 millones de euros en 2008. Sin embargo, la orden interministerial para aplicar dicho sistema sigue sin publicarse. Los sectores afectados coinciden en que el Gobierno retrasará su aprobación hasta después de las elecciones por “miedo” a sus posibles efectos en las urnas.
 
Apenas falta un mes para la celebración de las elecciones generales del próximo 9 de marzo y, de momento, el polémico canon digital no ha dado aún la cara. Todos los sectores afectados tienen ya en su poder el borrador de la orden interministerial que fue acordada, no sin dificultades, entre los ministerios de Cultura e Industria el pasado mes de noviembre. Desde entonces, y pese a que, tanto las nuevas tarifas como el listado de productos gravados por esta tasa salieron a la luz a mediados del pasado mes de diciembre, la citada orden aún no ha sido publicada por el Gobierno.
 
De hecho, todos los sectores implicados, tanto autores como empresas y usuarios, coinciden en que el Ejecutivo teme que la puesta en marcha del denominado sistema de compensación por copia privada en plena precampaña incremente aún más si cabe la polvareda, tanto mediática como social, que ha levantado progresivamente el citado canon desde la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), cuya aprobación se remonta ya a junio de 2006.
 
El borrador refleja que el canon digital supondrá para las entidades de gestión de derechos de autor una recaudación que oscilará entre los 105 y 115 millones de euros como máximo en 2008. Una de las principales novedades radica e que el cobro del citado gravamen se aplicará con independencia del volumen de ventas que registren los soportes y productos tecnológicos afectados. Además, la tasa carecerá de carácter retroactivo. Es decir, tan sólo entrará en vigor tras su publicación oficial.
 
El Gobierno “tiene miedo a que el rechazo social que ha generado el canon, incluso entre las propias filas socialistas, cobre fuerza justo antes de que tenga lugar la cita con las urnas”, según fuentes cercanas a la negociación consultadas por Libertad Digital. Por ello, todos los sectores implicados, desde empresas y usuarios hasta los propios autores, coinciden en que, dada la actual situación, “lo más probable es que el canon no entre en vigor hasta después de las elecciones”. De este modo, la aplicación de las nuevas tarifas acumularía un retraso próximo al año medio. Curiosamente, la LPI establece que la revisión de este gravamen debe producirse cada dos años. Así, su puesta en funcionamiento coincidirá casi con su teórica extinción transitoria, en base a los tiempos que marca la propia ley.
 
En principio, los distintos actores afectados preveían su aplicación a partir del 1 de enero. Sin embargo, tanto las entidades de gestión de derechos de autor como las empresas obligadas por ley al pago de esta tasa, desconocen en la actualidad cuándo tendrá lugar la publicación del citado acuerdo. “No tiene sentido, ni existe razón técnica alguna para su retraso ya que, hasta el momento, la orden interministerial distribuida por el Gobierno no ha sufrido modificaciones”, según fuentes de las entidades de gestión. Pese a ello, otros actores implicados en el proceso apuntan a que “Cultura e Industria siguen manteniendo contactos y vías de negociación abierta sobre este tema”.
 
Inseguridad jurídica
 
Y es que, más allá de la polémica que ha suscitado en la calle la aprobación de este gravamen (la plataforma Todoscontraelcanon aglutina casi dos millones de firmas en contra de esta tasa), las últimas opiniones oficiales emitidas por Bruselas ponen en tela de juicio el sistema que pretende aplicar España. El pasado mes de septiembre, el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, calificó de “injustos” los sistemas de compensación por copia privada estudiados en 2006 porque “pagan tanto los consumidores que realizan actos de copia privada como los que no y porque el canon se aplica a soportes y aparatos —lápices USB, DVDs. vírgenes (utilizados con frecuencia para hacer copias de seguridad de ficheros informáticos), ordenadores personales (PC) y otros— que pueden utilizarse para realizar copias privadas, pero que sirven también para otros fines”, según indica la nota informativa difundida entonces por la Plataforma”.
 
El canon digital que prevé establecer el Gobierno afectará  a todo tipo de aparatos y soportes: grabadoras de CD y DVD, discos duros externos, MP3 y MP4, teléfonos móviles, memorias USB, copiadoras o escáneres, entre otros dispositivos. En total, el Gobierno ha previsto una recaudación próxima a los 115 millones de euros, en base a las estimaciones de venta de tales productos, que pasarían a ingresar las entidades de gestión.
 
El retraso del gravamen está generando una gran inseguridad jurídica entre los sectores directamente implicados, ya que han de reflejar en sus balances los ingresos o, en su caso, pagos por este concepto. A pesar de la dureza de las negociaciones mantenidas entre la patronal tecnológica y las entidades de gestión, así como entre los propios gabinetes de Cultura e Industria, para alcanzar una acuerdo de mínimos sobre la polémica tasa, todo está de momento en el aire. Y es que, tal y como indican las fuentes consultadas, el Gobierno “no se esperaba que este tema levantara tanta oposición”. Un  rechazo al que, además, se ha acabado sumando el PP a última hora, con el objetivo de obtener réditos electorales de cara a la cita de con las urnas.
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