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El Gobierno vuelve a incluir el artículo que da capacidad de censura a la SGAE en un documento enviado a la CATSI

Cuando parecía que todo había regresado a la normalidad respecto a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), el Gobierno ha vuelto a levantar la polémica. Según ha informado el diario El País, este miércoles el Ministerio de Industria envió al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) el anteproyecto con el artículo (el 17 bis) que faculta a las Sociedades Gestoras –como la SGAE– a censurar contenidos de Internet, pese a haber sido aprobado sin él el pasado viernes en Consejo de Ministros. Según Industria, se ha hecho así para someter a un debate el tema. La Asociación de Internautas ha señalado de que se trata de una alternativa "corregida y aumentada".

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(Libertad Digital) La noticia publicada este jueves por el diario de Prisa señala que el Ministerio de Industria ha apuntado que ha enviado de esa manera el documento no para que vuelva a ser contemplada sino para que se realice una reflexión y para que sea sometido a debate. De hecho, el ministerio y el CATSI se reunirán para tocar el tema el próximo 26 de abril.
 
Tras ser aprobado el documento el pasado viernes, fuentes del ministerio que dirige Joan Clos aseguraron que, en contra de lo que sostienen algunas asociaciones de internautas, sólo los tribunales podrán decretar el cierre de páginas web cuando vulneren derechos de libertad de expresión e información. Sin embargo, no es lo que apuntada el artículo 17 bis del anteproyecto.
 
Según la Asociación de Internautas, lo que ha hecho el Gobierno ha sido presentar una alternativa "corregida y aumentada" de dicho artículo ya que además de darles un papel censor en Internet les da la posibilidad de hacerlo con los usuarios los usuarios de intercambio de archivos P2P. Así, en su página web señala que el documento –que recibe el larguísimo nombre de "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet"– "afecta a las relaciones contractuales de los prestadores con sus clientes, sin responsabilidad alguna por las entidades y Asociaciones, más que una ridícula y genérica referencia".
 

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