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Noticia publicada el 28-02-2008
LD (V. Gago) El PSOE promete crear una nueva figura facultada para "velar por el cumplimiento de las buenas prácticas en internet y la protección de los menores". La medida conecta con la demanda de una policía gubernativa o extra-judicial de la Red postulada por la SGAE y por algunos monopolistas del mercado de la información como Juan Luis Cebrián. El PSOE sigue su habitual método de inversión del lenguaje y lo llama "Defensor del Internauta". El programa del PSOE incluye seis medidas para crear en internet "un espacio de libertad, de participación y de confianza".
Entre otras, anuncian: "Desarrollaremos el marco normativo de protección a los usuarios, en el ámbito de los servicios de la Sociedad de la Información y crearemos la figura del Defensor del Internauta, que vele por el cumplimiento de las buenas prácticas en Internet y la protección de los menores" (página 130 del programa electoral).
La idea responde a las expectativas del sindicato de autores más influyente, la SGAE, y de uno de los más significados partidarios de la concentración corporativa y de los privilegios en Internet, el consejero delegado del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.
La SGAE renunció a la creación de una policía extrajudicial de la Red, mediante la reforma de la Ley de la Sociedad de la Información, pero la idea es rescatada ahora por el PSOE, invocando el pretexto de la "protección a los usuarios" y a "los menores".
El programa socialista no aclara quién nombrará al Defensor del Internauta ni qué facultades operativas tendrá para llevar a cabo su misión de "velar por el cumplimiento de las buenas prácticas en internet". Tampoco define qué son "buenas prácticas" en la Red ni en qué consistirá el anunciado "marco normativo de protección a los usuarios". La concreción de estas intenciones quedará a discreción del Gobierno, si el PSOE resulta elegido el próximo 9 de marzo.
En algunas Comunidades Autónomas donde gobierna el PSOE, como Cataluña y Andalucía, funcionan los llamados Comités Audiovisuales, con competencias de supervisión de los contenidos de canales de radio y televisión. Sus facultades incluyen la iniciativa para revocar licencias de emisión.
