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LD (EFE) "El sistema quiere ser pedagógico, como el carnet por puntos", según la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, responsable de la iniciativa.
El proyecto de ley prevé la creación de un organismo administrativo independiente llamado Hadopi, encargado de enviar un correo electrónico de "recomendación" en el que advierta de las posibles sanciones a los propietarios de las direcciones IP desde las que se produzcan las descargas ilegales. En caso de reincidencia en los siguientes seis meses, el Hadopi (siglas en francés de Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet) enviará una segunda carta de recomendación al interesado.
Si el propietario de la dirección IP (protocolo de internet) vuelve a descargar contenidos fraudulentamente, el Hadopi ordenará la suspensión de la conexión de ese usuario a internet durante un período de entre tres meses y un año. Durante ese tiempo, el internauta no podrá contratar una nueva conexión a la red, aunque deberá seguir pagando la suya, salvo que su modalidad de contrato le permita rescindir el abono. El proveedor de internet dispondrá entonces de quince días para suspender la conexión al infractor, bajo amenaza de multa de hasta 5.000 euros en caso de incumplimiento.
El titular del contrato será, además, responsable de las descargas ilegales que otros usuarios puedan hacer desde su conexión y deberá, por ejemplo, vigilar que sus niños no bajen fraudulentamente archivos de la red.
La Comisión de Asuntos Económicos del Senado propuso ayer una enmienda que sustituya la suspensión de los servicios de internet por una multa para "asegurar jurídicamente una respuesta gradual", recomendación que la ministra de Cultura considera "mucho más represiva".
Críticas de los proveedores de internet y de la Unión Europea
El proyecto de ley ha sido criticado abiertamente por los proveedores de internet, como Orange, filial de France Télécom, que cree que la sanción puede ser "desproporcionada".
La Ley de Creación e Internet francesa fue también criticada por el Parlamento Europeo, que no se mostró partidario de que sea una autoridad administrativa, el Hadopi, y no judicial la que decida sobre la supresión del servicio de internet.
Sin embargo, el pasado día 8 la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, afirmó que el Ejecutivo comunitario "no puede ser utilizado para solventar problemas nacionales" en materia de infracción de los derechos de autor en internet y recalcó que debe velar por los "intereses de todos los ciudadanos".
Las estimaciones del Ministerio de Cultura francés prevén que, de aplicarse la ley, cada día habría 10.000 correos electrónicos y 3.000 cartas de recomendación, además de 1.000 decisiones de supresión del servicio, lo que significa que el 20 por ciento de los franceses podría recibir un aviso por el uso fraudulento de internet.
El texto, que se está examinando en el Senado, continuará su tramitación parlamentaria a comienzos de 2009.
