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El Senado insta al Gobierno a que rechace la directiva sobre patentes de software

Los grupos parlamentarios del Senado aprobaron este martes, por unanimidad, una enmienda transaccional que insiste en que el Estado español debe ser contrario a las patentes de software por entender que vulneran y distorsionan la evolución de la sociedad del conocimiento en la Unión Europea.

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L D (EFE) El senador Jordi Guillot, del grupo parlamentario de Entesa de Catalana de Progrés, defendió ante el pleno de la Cámara Alta la moción consecuencia de interpelación por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas contra las patentes de software que derivó en una enmienda transaccional acordada por todos los grupos. Guillot destacó, al igual que el resto de portavoces parlamentarios que participaron en el debate, el "caos" en la tramitación de la directiva de patentes de software "32/2002/0047" en la Unión Europea hasta el punto que, como indicó, varios grupos parlamentarios han exigido que la tramitación empiece "desde cero". Con la enmienda acordada, destacó, se trata de dotar de una "nueva lógica" entorno a la prohibición de las patentes, en un momento europeo que el senador juzgó de "óptimo" para esta iniciativa.
 
El más reticente a la iniciativa fue el grupo de senadores nacionalistas vascos, ya que, como dijo Elena Etxegoyen, "tenían miedo" a que tras ella se escondiese un apoyo al software libre, cuyo mantenimiento a la larga, argumentó, "puede resultar muy caro".
 
Por su parte, el senador socialista Félix Lavilla subrayó el acuerdo como un paso más en un asunto en el que la Cámara Alta ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, ya que, como recordó, el Senado español fue la primera Cámara europea que se pronunció sobre patentes en mayo de 2002. También la senadora popular Mercedes Coloma mostró su confianza en que este acuerdo "sirva para que se resuelva y no se complique más" el problema existente "desde hace tiempo" en la Oficina Europea de Patentes.
 
Tres años de polémica
 
La directiva sobre patentes de software comenzó su andadura a principios de 2002, cuando la Comisión Europea la propuso con una redacción que supondría la inclusión de los programas de software (que actualmente tienen protección jurídica bajo la legislación de derechos de autor) dentro del ámbito de lo patentable. Esta propuesta de directiva fue rechazada a finales de 2003 en el pleno del Parlamento Europeo, que votó ciertas enmiendas clave que de hecho suponían que la directiva aseguraría que Europa permaneciera libre de patentes de software.
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea, prácticamente por unanimidad, que retire su propuesta de directiva, y proponga en su lugar una que respete la decisión del propio Parlamento Europeo.

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