- Muñoz Molina y Tertsch critican el chiste de Almudena Grandes sobre monjas violadas
- Tercer insulto grave, consecutivo e impune de Pizarro a Arenas en menos de tres meses
- Pedro J.: “Son necesarias más María Teresas Fernández de la Vega en los gobiernos”
- Cambia el mapa electoral: El PSN, instigador de la ruptura PP-UPN, único beneficiado
- Chávez no asume su derrota en Maracaibo y amenaza con enviar a prisión al alcalde electo
- El hermano de De la Vega presenta su dimisión al frente de la Fundación Repsol
- Detenido por pagar 1.950 euros en un club de alterne con la tarjeta de su suegra
- El Vaticano demuestra que el Papa no firmó la condena a Galileo
- La retirada de crucifijos en los colegios enfrenta al Ministerio de Educación y el PSOE
- Casillas, Estopa, Calderón y Laporta ya no leerán la Constitución
- Muñoz Molina y Tertsch critican el chiste de Almudena Grandes sobre monjas violadas
- Tardá dice que el Rey "tiene que pedir perdón" por "jurar los principios del Movimiento"
- Zapatero pide a Rouco el mismo respeto para las exhumaciones que para las canonizaciones
- El Gobierno desea que la francesa Total entre en Repsol y se aleja la opción rusa
- Pedro J.: “Son necesarias más María Teresas Fernández de la Vega en los gobiernos”
- Bermejo, sobre la situación de la Justicia: "Estamos mejor que nunca"
- Bautista acusa a los opositores al canon de estar "pagados y dirigidos por las empresas"
- Las Juventudes Socialistas de Arganda se burlan de un concejal del PP por ser gay
- El hermano de De la Vega presenta su dimisión al frente de la Fundación Repsol
- Juan Goytisolo, otro de los "artistas de la ceja", Premio Nacional de las Letras
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Soriano Soriano, estima que para el Supremo "al verificar los rastreos la Policía Judicial estaba cumpliendo con su función de perseguir delitos y detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos y regulares los rastreos efectuados". El Supremo considera que esos rastreos "tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica" de aquellos que accedan a los archivos que contienen pornografía infantil y que "el acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario" por lo que "no se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma”.
La Guardia Civil en octubre de 2005 aprovechó la celebración en Sevilla del IV Foro Iberoamericano de Ciberpolicias para iniciar búsquedas en internet rastreando las redes de intercambio de archivos para averiguar aquellos usuarios que descargasen o compartiesen archivos con pornografía infantil. En base a dichos rastreos realizados sin autorización judicial obtuvieron un listado de claves de acceso a internet de cada ordenador en el momento en el que se conecta, que permiten identificar el número telefónico desde el que se produce la conexión.
Dicho listado fue presentado en un juzgado de Sevilla al que reclamaron una orden para que los proveedores de servicios de internet identificasen al titular de las referidas claves. Así, se acordó la entrada y registro en el domicilio de María del Carmen G. y se le intervino su ordenador.
"Quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso eMule, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la Policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18-1º ni por el 18-3 de la Constitución", concluye.
Enamórate
La Ilustración Liberal
Móviles & PDA
Email gratuito
Cursos y masters






