LD (M. Llamas) Suma y sigue. El denominado canon digital es sufragado obligatoriamente por ciudadanos y empresas cuando compran algún soporte o producto tecnológico susceptible de poder almacenar o reproducir obras protegidas por los derechos de autor (DVD, CD, Mp3, USB, móviles, equipos multifunción, etc).

 

Sin embargo, en este ámbito, al igual que en muchos otros, los partidos políticos parecen contar con ciertos privilegios. El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la “presunta financiación irregular de los partidos políticos a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, del establecimiento de precios más bajos y de la financiación directa de entidades, fundaciones y organizaciones vinculadas a los mismos”, según el documento remitido a los denunciantes, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

 

El pasado mes de marzo, la Asociación de Pequeñas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Españolas Víctimas del Canon (VACHE) denunciaron ante este Tribunal que las entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI, CEDRO, DAMA o AIE), junto a otras sociedades de autores interpuestas, beneficiaron directamente al PSOE y a CiU a través de la exoneración total o parcial del canon digital.

 

 

Además, estas mismas entidades, de algún u otro modo, también rebajaron tarifas o aplicaron indirectamente ventajas económicas a otros partidos políticos y fundaciones allegadas, según la denuncia. Apemit y Vache, que actúan en nombre de 770.000 personas y más de 3.000 empresas, alegaron tales prácticas como “financiación irregular” de los partidos políticos por parte de los autores. Y es que, según la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ni la Administración Pública ni las formaciones políticas están, en ningún caso, exentas del pago del canon, al igual que el resto de ciudadanos y empresas.

 

Sin embargo, presuntamente, se aprovecharon de ciertas prebendas, con el beneplácito de las entidades de gestión, según contempla la denuncia, que ahora ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Cuentas.

 

El documento remitido al órgano fiscalizador señala “tres niveles” de “financiación irregular”:

 

“Exoneración a los antedichos partidos, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos”.

 

“Aprovechando su situación de absoluto predominio en el mercado estableciendo precios para los partidos políticos más de 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos”.

 

“Financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos”.

 

Así, estas empresas argumentan que “estamos ante una realidad en la que unos particulares (artistas) dejan de cobrar directa o indirectamente a instituciones públicas para obtener, al final, trato de favor”.

 

La denuncia hace alusión a varios casos presuntamente irregulares, como por ejemplo el millón de DVDs editados y repartidos por CiU a partir del 14 de octubre de 2006 en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y es que, “sólo ese millón de DVDs” obligaban a pagar a SGAE y EGEDA 1,2 millones de euros, mas 192.000 euros por concepto de IVA. Sin embargo, “dichas cantidades no constan ni en la liquidación” de los partidos “ni en la contabilidad” de las entidades de derechos de autor.

 

 

Por otro lado, “el PSOE ha actuado y actúa como una verdadera fábrica de contenidos de DVDs”, a todos los niveles (local, regional y estatal), mediante la edición de cerca de “10 millones de DVDs al año”, advierte la denuncia (unos 150 millones de DVDs en los últimos 15 años). ¿Han cobrado la SGAE y el resto de entidades ese dinero? Según Apemit y Vache, los autores han perdonado los cobros del canon correspondiente.

 

Sin embargo, el listado de fundaciones y organismos políticos “subvencionados” por la SGAE se extiende a todos los partidos, tanto PP, como PSOE, CiU, o sindicatos. Ahora, el Tribunal de Cuentas deberá verificar si, efectivamente, autores y políticos han incurrido en un delito de “financiación irregular” a través del canon digital.