A finales del mes de agosto del pasado año se hizo público el interés de un grupo de legisladores venezolanos de prohibir los videojuegos violentos en Venezuela. En dicho momento, esta medida únicamente tomó forma de proyecto de ley, a falta de una segunda votación del Parlamento venezolano y de la aprobación del Presidente, Hugo Chávez.

El dirigente de Venezuela mostró su claro apoyo a la ley, y ahora ésta ha sido definitivamente aprobada y ya se encuentra en vigor desde el pasado miércoles. Según esta nueva legislación, cualquier persona que sea encontrada sospechosa de vender, importar, manufacturar, alquilar o distribuir videojuegos o juguetes violentos, podría enfrentarse a penas de hasta 5 años de cárcel. La posesión o promoción de estos materiales no será castigada con penas de cárcel, aunque sí de una severa multa.

Hace unas semanas, en su programa Aló Presidente, el propio Hugo Chávez defendía esta nueva ley asegurando lo siguiente: "Esos juegos que se llaman PlayStation son un veneno. Hay juegos que te enseñan a matar. Incluso una vez hicieron uno con mi cara, hay que buscar a Chávez para matarlo. [...] Es el capitalismo, primero te enseña a matar y luego te quiere vender armas". Durante la locución añadió que el gobierno de Venezuela potenciaría los juguetes tradicionales en lugar de los videojuegos violentos.

El código PEGI

Mientras el gobierno de Venezuela da un paso atrás en lo referente a las libertades de sus ciudadanos, en Europa la situación es bien distinta, donde los videojuegos empiezan a ser considerados como una forma de arte, como pudiese ser el cine o la música. Desde hace ya bastantes años, la industria del videojuego se ha autorregulado a través de la implementación del código PEGI, presente en todos los videojuegos del mercado, y que indica de forma clara y concisa a qué edades va dirigido.

Alemania sigue siendo el único país europeo que no deja que algunos videojuegos crucen sus fronteras, en especial los ambientados en la Segunda Guerra Mundial o los de extrema violencia. Por su parte, Australia que era otro de los países con unas leyes más estrictas en este sentido, está en pleno debate interno para su modificación.