
LD (Europa Press) Esta norma, incluida en el "Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios", ofrecía cobertura jurídica al sistema integrado de interceptación de las comunicaciones (SITEL).
Según la AI, la entrada en vigor de este reglamento permite al Estado "espiar" comunicaciones particulares "sin la cobertura legal necesaria". Asimismo, asegura que tampoco existe un "control judicial previo" que determine "límites" para afectar a los derechos fundamentales.
En el comunicado, explica que solicitó al Defensor del Pueblo llevar esta nueva Ley ante el Tribunal Constitucional, aunque obtuvo una respuesta negativa al considerar esta institución que no se limitaban los derechos humanos "afectados". Además, recuerda que la resolución del Tribunal Supremo recurrida contó con el voto particular del magistrado Óscar González González.
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