La BSA aclara que no está detrás de la demanda contra usuarios de redes de intercambio de archivos
Aunque la firma de abogados Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) no ha aclarado a qué empresas representa en la demanda presentada contra los usuarios españoles de redes de intercambio de archivos (P2P) diversas fuentes señalaban a la Business Software Alliance (BSA) como promotora. Está organización ha informado de que no tiene relación con la iniciativa.
(Libertad Digital) Ante la gran cantidad de informaciones publicadas en los últimos días referidas a la demanda presentada por 38 compañías de software españolas contra 95.000 usuarios españoles de redes P2P, un portavoz de la Business Software Alliance en España ha aclarado a Libertad Digital que "BSA no ha participado en esta iniciativa". De esta manera, sigue sin conocerse la identidad de ninguno de los representados por el despacho Landwell-PwC en la polémica acción legal.
Uno de los socios de Landwell-PwC, Javier Ribas, ha dicho que no se va a informar por el momento de la identidad de las empresas a las que representan. De este modo, no será posible conocer su identidad hasta que comiencen las acciones judiciales propiamente dichas. El motivo aducido por la firma de abogados para mantener el anonimato de sus representados es evitar represalias contra ellos por parte de internautas enfadados. Ribas ha dicho: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".
Aunque en un primer momento eran 32 las empresas que participaban en la denuncia, desde que se anunció su presentación se han sumado a la iniciativa otras seis, según Ribas. Este abogado ha dicho que aunque ya se ha presentado ante la Brigada de Investigación Tecnológica, la demanda no se llevará hasta los jueces posiblemente hasta septiembre. El objetivo de la demora es, según Ribas, dar tiempo para que se sumen otras empresas y poder "recopilar pruebas" mediante la toma de acta notarial de lo que se está publicando en Internet desde que Landwell-PwC realizara el anuncio.
Uno de los socios de Landwell-PwC, Javier Ribas, ha dicho que no se va a informar por el momento de la identidad de las empresas a las que representan. De este modo, no será posible conocer su identidad hasta que comiencen las acciones judiciales propiamente dichas. El motivo aducido por la firma de abogados para mantener el anonimato de sus representados es evitar represalias contra ellos por parte de internautas enfadados. Ribas ha dicho: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".
Aunque en un primer momento eran 32 las empresas que participaban en la denuncia, desde que se anunció su presentación se han sumado a la iniciativa otras seis, según Ribas. Este abogado ha dicho que aunque ya se ha presentado ante la Brigada de Investigación Tecnológica, la demanda no se llevará hasta los jueces posiblemente hasta septiembre. El objetivo de la demora es, según Ribas, dar tiempo para que se sumen otras empresas y poder "recopilar pruebas" mediante la toma de acta notarial de lo que se está publicando en Internet desde que Landwell-PwC realizara el anuncio.
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