El motivo de la reclamación del canon –tasa que se aplica a diversos medios de reproducción para compensar a los creadores por las copias– es la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal la aplicación del canon digital en empresas, profesionales y administraciones, pese a que mantiene el cobro de esta tasa para los consumidores, según ha informado en un comunicado.

Esta sentencia es una respuesta a la petición hecha por la Audiencia de Barcelona que pidió ayuda a la UE para interpretar la directiva comunitaria sobre los derechos de autor para resolver un litigio entre la SGAE y una empresa distribuidora de reproductores digitales.

El secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Bosch, ha afirmado que la Generalidad "tiene que seguir las directrices europeas, y la sentencia de la UE deja claro que la aplicación del canon por copia privada en los soportes de reproducción adquiridos por empresas, profesionales y administraciones para finalidades diferentes de la copia privada contradice la normativa comunitaria".

Bosch ha explicado que, a la espera de la transposición a la ley estatal de la sentencia europea, la Generalidad tiene que activar los "mecanismos necesarios para poder reclamar a la SGAE la devolución de lo que ha pagado hasta ahora por una tasa que la UE considera ilegal". Esta acción es "importante", según Bosch, porque la Generalidad como administración pública "puede convertirse en referente para el resto de empresas e instituciones afectadas".