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LD (Daniel Rodríguez Herrera) Tal y como estaba previsto, la medida será adoptada tras dos advertencias previas al abonado y a instancias de una "autoridad independiente" que será creada a tal efecto, según informa Efe. La suspensión del abono podrá tener una duración de entre tres meses y un año y puede ser modificada si el internauta acepta el pago de una multa. La medida ha sido alabada por la SGAE incluso antes de ser propuesta oficialmente. La entidad desea que se implante una similar en España.
Esta idea de castigar a quienes se descarguen ficheros protegidos, considerada por un editorial de El Mundo como "una solución razonable para eliminar el canon", olvida los problemas éticos y prácticos que puede suponer su implantación. La "autoridad independiente" creada por Sarkozy o los proveedores de acceso a internet tendrían que filtrar y examinar todo el tráfico que pase por sus redes para averiguar qué son descargas de ficheros protegidos. Es como si Correos abriera y examinara el contenido de todos los sobres y paquetes que pasan por sus manos.
Pero aun si no importaran los derechos individuales, resulta imposible en la práctica ejecutar esta medida. Las dos principales redes P2P, BitTorrent y eMule, permiten cifrar la información que se intercambia, lo que hace impracticable su identificación. Es más, debido a que muchos proveedores –principalmente estadounidenses– intentan reducir el uso de las redes P2P por el gran porcentaje del ancho de banda disponible que consumen, los programadores de estas aplicaciones han ingeniado mecanismos para hacerlos pasar por tráfico de otro tipo, lo que dificulta incluso que se identifique a los usuarios que los emplean.
En resumidas cuentas, esta medida sólo permitirá atrapar a los usuarios más inexpertos en el uso de estas aplicaciones, que serán los que paguen el pato.
En Francia, todos contentos
El proyecto de ley recoge las propuestas elaboradas por una comisión que integró a organismos representativos del sector musical, el cine y las empresas de acceso a internet, según informa Efe.
"El proyecto de ley responde a una situación de urgencia, la economía del sector cultural y la renovación de la creación están amenazadas por el robo sistemático de obras en las redes digitales", indicó el Ejecutivo.
El presidente Nicolas Sarkozy afirmó durante el Consejo de Ministros que "internet no puede ser una zona de no derecho", según relató el portavoz del Ejecutivo, Luc Chatel. La ministra de Cultura, Christine Albanel, consideró el proyecto "equilibrado" y señaló que viene acompañado de "un aumento de la oferta legal" para comprar archivos en internet.
