(Libertad Digital) Tras haber liderado, particularmente en el frente mediático, la reacción de la SGAE contra el intercambio de archivos en internet y otras prácticas que desde la sociedad de autores se han calificado de "piratería", ahora Ramoncín no quiere aparecer como el "malo" que mete en la cárcel a los pobres "manteros".

Así, en una carta al director publicada este lunes en El País asegura que se "lesiona gravemente mi nombre" al afirmar que "por la presión de sociedades de gestión de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, EGEDA o ACAM, apoyados por artistas como Ramoncín o María Jiménez, la vulneración de la propiedad intelectual se convirtió en un delito público recogido en el artículo 270 del Código Penal", como se hacía en un artículo publicado en el rotativo de PRISA días atrás.

Según Ramoncín esa aseveración le hace "responsable directo" de las "desdichas" que padecen "unos ciudadanos indefensos", desdichas con las que, para nuestra sorpresa, resulta ahora que ni él ni la sociedad presidida por Teddy Bautista tienen nada ver, ya que "en los casi 20 años de los que formé parte de la junta directiva de la SGAE, hasta la primavera de 2007, jamás asistí a reunión alguna, oficial o privada, ni leí documento de ninguna clase y, mucho menos, participé o firmé, en los que se tratase ningún asunto relacionado con la modificación del Código Penal".

Se lamenta Ramoncín de haber sido "el pimpampum de todos aquellos que son contrarios a los derechos de los autores, artistas, actores e intérpretes", sin preguntarse a qué se ha debido esa animadversión que él mismo reconoce haber levantado, olvidando quizás capítulos como el de la web alasbarricadas.org, que fue obligada a indemnizar al "cantante" por opiniones en su contra aparecidas en los comentarios de dicha página y escritos, obviamente, por terceros.