LD (Daniel Rodríguez Herrera) El pasado jueves, el polémico proyecto de ley sobre la "protección de la creación en internet" fue aprobado con la presencia de sólo dieciséis diputados en la Asamblea Nacional. Estaba previsto que, al igual que sucede con otras leyes, la votación no se realizara al finalizar el debate sino la semana siguiente, pero el Gobierno de Sarkozy exigió que el voto se realizara al finalizar el debate.

La ley debía pasar por el Senado antes de ser finalmente aprobada, y esta Cámara la endureció obligando al usuario sancionado con la desconexión por descargarse material protegido por derechos de autor (cine, música, series de televisión...) a pagar religiosamente su conexión durante el tiempo en que estuviera castigado, que era lo que reclamaban las operadas.

Así, el proyecto volvió a la Asamblea Nacional para recibir el sí definitivo. Pero el Parlamento estaba también vacío, aunque no tanto: sólo votaron 36 de los 577 diputados que componen la cámara. En esta ocasión el resultado fue de 15 votos a favor frente a 21 en contra, incluyendo en estos dos últimos a dos diputados de la UMP, el partido de Sarkozy, que se cree que cambiaron su voto debido a la decisión del Senado de aumentar el castigo a los internautas. El rechazo por sorpresa del texto fue aplaudido desde los escaños de izquierda.

No obstante, esto no significa que el proyecto de ley vaya a quedar paralizado. Según informa El País, cuando se rechaza un proyecto de ley proveniente de una comisión mixta paritaria, como ha sido el caso, el Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación dentro de unas semanas.

La polémica ley antipiratería de Sarkozy

La ley prevé la creación de la Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet (Hadopi), que será la encargada de dar los avisos a los internautas que pirateen archivos y la que dictamine la interrupción de las conexiones para los reincidentes, según informa EFE.

El proyecto especificaba que el primer aviso se haría por correo electrónico y sería seguido por otro que se enviará por carta certificada en caso de que el usuario reincidiera en algún momento de los siguientes seis meses.

Si en el periodo de un año desde el primer aviso el internauta vuelva a usar redes P2P, se procedería a desconectarle de internet. El tiempo que dure la sanción variará entre dos meses y un año, en función de la cantidad de descargas que haya realizado el usuario.

Las decisiones de este nuevo organismo no podrían ser recurridas por los internautas sancionados, a no ser que hubieran aceptado con anterioridad instalar en su ordenador un programa espía que informe a Hadopi del material que comparte un usuario.

Las estimaciones del Ministerio de Cultura francés prevén que Hadopi enviará cada día 10.000 correos electrónicos de aviso, 3.000 cartas certificadas y 1.000 desconexiones, lo que significa que el 20 por ciento de los franceses podría recibir un aviso del nuevo organismo.

En España, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida en esta dirección, aunque no la descarta. Las entidades de gestión de derechos de autor y las operadoras están negociando un acuerdo que, sin llegar a la desconexión, castigue a los usuarios de P2P, y el nombramiento de González-Sinde podría acelerar el desenlace.