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También se hacen descargas en el Ministerio de Cultura

¿Debería el Gobierno limpiar su propia casa antes de aprobar leyes para cerrar webs de enlaces P2P? Según los datos de una de ellas, las descargas son algo habitual en todas las administraciones, desde Moncloa hasta el propio Ministerio de Cultura, pasando por ayuntamientos o el Congreso.

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Un reportaje de Veo7 ha desvelado las descargas que se hacen desde uno de los sitios web de descargas P2P que presumiblemente estaría entre los primeros que cerrarían si se aprueba la Ley Sinde. Según Ángel Badía, hacker español residente en Houston, doctor en Tecnologías de la Información y propietario de PlanetaTortuga.com y Piraton.es, se han hecho descargas en su web desde todos o casi todos los organismos públicos; curiosamente, el Ministerio de Igualdad se libra.

El Ministerio de Cultura, naturalmente, no se libra; desde sus ordenadores se han descargado canciones y una serie, norteamericana, claro. Tampoco el Congreso o Moncloa han sido comedidos. En Presidencia, de hecho, se bajaron un juego de móvil para entrenar la capacidad mental. Son, no obstante, los ministerios de Defensa y Educación los que más descargas hacen. Incluso algún funcionario, o político, se bajó un calendario erótico protagonizado por una modelo de Playboy. El estudio se basa en los datos de los logs del servidor de Piraton.es entre el 27 de febrero y el 27 de marzo de este año.

Ángel Badía, conocido con el pseudónimo de Angeloso, ya se vio involucrado en el llamado caso Vesatec, por el que se condenó en 2005 a penas de cárcel a los responsables de "la página del jamón y el vino" por tener en ella cracks, pequeñas aplicaciones que sirven para desproteger programas y videojuegos y así poder emplear copias no originales. La página fue cerrada por la Policía en mayo de 1997 y los ordenadores de la empresa de Badía, que daba alojamiento a la web, incautados. Badía no fue condenado por estar viviendo ya en Estados Unidos, pero fue declarado en rebeldía. No obstante, asegura que no está huido, pues se marchó con permiso del juez instructor en 1999, y el consulado español en Houston está perfectamente informado de su paradero.

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