El caso se hizo conocido en mayo después de que una procuradora y un perito de la SGAE entraran en el domicilio del denunciado para "revisar el contenido de los ordenadores y requisar los discos duros", pese a que la orden no autorizaba ningún registro, sólo requería que éste pusiera en disposición del juzgado los discos duros indicados.

La causa penal fue archivada en julio, pero este registro irregular pertenecía a una demanda civil interpuesta por la SGAE en paralelo. Sin embargo, no informó al juez de que los mismos hechos se estaban juzgando al mismo tiempo por lo penal, razón por la cual éste ha impuesto a la SGAE una multa por "mala fe procesal", ya que con su actuación "se desprende una intención de evitar el derecho de defensa de la parte contraria, actuación que supone conculcación de las reglas de la buena fe procesal y, como tal, la hace acreedora de la correspondiente sanción", según explican sus abogados Javier de la Cueva y David Bravo.

Por otro lado, el juez ha ordenado la devolución de los discos duros incautados en el irregular registro del domicilio del demandado, responsable de estos sitios web con enlaces P2P. El juez concluye la "impertinencia, imposibilidad e inutilidad" de la medida, ya que no podían obtenerse de esos discos los datos que pedía la SGAE, es decir, las cifras sobre cuántos usuarios se habían descargado "obras musicales" protegidas. La razón es clara: en las redes P2P los internautas se descargan unos de otros los ficheros y no existe ningún sitio centralizado que pueda establecer cuántas personas se han descargado un fichero determinado. Es más, aunque sí se pudieran establecer esas cifras, esos datos estarían en el servidor que aloja la web, no en el ordenador de quien la administra.

El juez también ha ordenado reabrir ambos sitios web, cerrados cautelarmente hace meses. No obstante, el autor ha decidido cerrar por voluntad propia ambas páginas web, ya que las mantenía como hobby y una vez demostrado que tenía razón, ha considerado que no le aportan ya más que una carga, no sólo económica sino también personal.

Por ultimo, además de la multa, el juez ha condenado en costas a la SGAE. Los abogados De la Cueva y Bravo consideran el saldo positivo, porque el juez no sólo ha reabierto las páginas tras atender a sus argumentos, sino que ha reconocido imposible la prueba que la SGAE necesita para calcula la petición de indemnización en un caso de este tipo.