El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn llegó este lunes al tribunal de Nueva York que ha abierto una causa contra él por siete delitos relacionados con presuntos abusos sexuales e intento de violación de una mujer, informa Efe.
DSK llegó al tribunal neoyorquino con traje y corbata oscuros y subió las escaleras hasta su entrada en medio de una gran expectación periodística, pero también se oyeron los gritos de un grupo de empleadas de hotel como su presunta víctima.
"¡Avergüénzate!", le gritaron el grupo de mujeres vestidas con el uniforme habitual de las empleadas del servicio de habitaciones de los hoteles y compañeras de profesión de su presunta víctima, una inmigrante guineana de 32 años que le denunció el pasado 14 de mayo por abuso sexual e intento de violación en un lujoso hotel de Nueva York.
El político y economista francés, de 62 años, se ha declarado "no culpable" de los siete cargos que le ha imputado formalmente la Fiscalía de Nueva York.
Strauss-Kahn, de 62 años, se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión si finalmente la Justicia le condena por todos los cargos. Los hechos denunciados por la supuesta víctima se remontan al 14 de mayo y le costaron a Strauss-Kahn, potencial candidato a la Presidencia francesa, la jefatura del FMI.
El ex dirigente del FMI fue puesto en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares, (unos 709.984 euros), y tras depositar una garantía de cinco millones (unos 3,5 millones de euros). Tuvo que pasar cuatro noches en la prisión de Rikers Island para después ser trasladado a un apartamento ubicado en la zona neoyorquina de TriBeCa.
Durante la vista de este lunes, la defensa tiene previsto solicitar a la fiscalía la información de la que dispone hasta la fecha y entre las que se incluyen informes científicos o declaraciones de la presunta víctima, según una fuente cercana al caso citada por la CNN.
Los abogados de Strauss-Kahn han denunciado que parte de esta información ya se ha filtrado a los medios, lo que pone en cuestión el "derecho a un juicio justo" del imputado. La defensa ha llegado a amenazar con filtrar información que perjudicaría "gravemente" tanto la profesionalidad de las investigaciones como la "credibilidad" de la denunciante.